Quirino Ordaz, también detrás de modificación de jubilaciones de policías
Martín Durán
Un par de años atrás, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, se quejaba del ruido mediático en su contra, pues se había dado a conocer que no había aprobado los exámenes de control de confianza.
“Ni siquiera me van alcanzar los años para jubilarme”, decía con algo de inquietud, pues entonces se tenían que cumplir con 30 años de servicio en la función pública.
Sin embargo, en noviembre pasado el gobernador Mario López Valdez envió la iniciativa al Congreso del Estado para iniciar el proceso de jubilación del mando policiaco por la cantidad de casi 50 mil pesos mensuales, sin mencionar que existe un bono de más de un millón de pesos al concederse la pensión, de acuerdo con agentes ministeriales.
“Chuy Toño” sí, los demás no
Con motivo de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, también conocido como juicios orales, el Ejecutivo encabezado por Malova envió una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa, para adecuarla al marco normativo que entraba en vigor.
Asimismo, también se buscaba precisar algunas imprecisiones para darle certeza jurídica a los cuerpos de seguridad del estado, así como respetar los derechos humanos.
La iniciativa fue fechada el 4 de septiembre de 2014, pero subió al pleno hasta el 15 de octubre de 2015, más de un año después, para darle trámite legal en la cámara local.
Pero el diablo siempre está en los detalles. En la exposición de motivos, el Ejecutivo planteó a la 61 Legislatura en materia de jubilaciones y pensiones:
“Se propone a su vez, reformar diversas disposiciones relativas al actual esquema de pensiones de los integrantes de las corporaciones estatales y municipales, estableciendo una serie de precisiones técnicas en beneficio de los elementos de las corporaciones aludidas, entre las cuales destaca que los integrantes de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública se les garantizará un sistema digno de retiro, para lo cual se plantea reducir de 30 a 25 años de servicio para tener derecho a una pensión por retiro, así como el incremento de los montos de las pensiones por vejez o retiro. También se alude a un sistema de seguridad social en beneficio de las familias, aplicables en caso de su fallecimiento o incapacidad total o permanente según el caso, en el cumplimiento de sus funciones, o como consecuencia de su condición laboral.”
Sin embargo, la propuesta no iba acompañada de un análisis que indicara por qué se habría de otorgar estos beneficios y si el Estado tenía suficiente capacidad para responder a la demanda.
Así, el 30 de octubre de 2015, tras ser aprobada esta serie de reformas a la Ley, el Ejecutivo publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto que hacía efectivo también las modificaciones a los artículos: 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46 y 50.
Cuando los policías se enteraron festejaron la medida y reforzaron su confianza en el gobierno malovista, pues también es sabido que en esta administración los sueldos fueron aumentados.
Revés a los beneficios
Pero casi 13 meses después de publicarse el decreto, y con la jubilación de Aguilar Íñiguez en proceso (ministeriales aseguran que también Martiniano Vizcarra Burgos, coordinador de la PME, entró en el beneficio), Mario López Valdez dio marcha atrás a la reforma en materia de jubilaciones y sin decir agua va envió una iniciativa revirtiendo los beneficios alcanzados y sobre todo acotando otros que ya tenían.
En la exposición de motivos de esta nueva iniciativa, el Ejecutivo argumenta que el esquema de jubilaciones y pensiones de los policías no ha cambiado con los años, a diferencia de otros.
Además, se habla de riesgos financieros para los municipios y al estado, y que en el periodo 2015-2016 “el sistema de pensiones de los integrantes de las corporaciones municipales y estatales no estuvo fondeado, lo que genera un déficit actuarial que crece en la misma proporción en que aumentan las obligaciones pensionarias”.
Y más adelante, la iniciativa señala lo que arriba se menciona, que nunca se hizo un estudio para analizar la capacidad del Estado:
“El problema radica en que en ningún momento se hizo un estudio actuarial que permitiera hacer una proyección del gasto que significa una promesa que no cuenta con contribución alguna que la soporte, lo que conduce a que esta figura sea insostenible…”
Truenan los policías
De celular en celular fue corriendo el mensaje de inconformidad hasta encontrar eco, por lo que el martes 13 de diciembre un grupo de policías de todas las corporaciones acudieron al Congreso del Estado y se reunieron con varios diputados de la Comisión de Seguridad y Procuración de Justicia.
Ahí, el abogado de los agentes, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, comentó que se trata de “una puñalada trapera” el hecho de que ahora el gobierno dé marcha atrás en el esquema de jubilaciones y pensiones.
“Los policías han tomado la decisión de exigir que se respeten sus derechos, algo que los está indignando a los policías de todo el estado es la iniciativa que presentó el gobernador del estado pidiendo que se les aumente cinco años de antigüedad al término de la jubilación de ellos, eso es algo que no se puede aceptar”, comentó Mendoza Sauceda.
“Este hecho que le aumenten lo ven como una puñalada trapera, y se está pidiendo que esa iniciativa no se le dé trámite”, apuntó.
Por su parte, uno de los policías inconformes señaló todos los policías de Sinaloa están en desacuerdo. “Primero tenemos muchos años esperando una modificación, hubo una en el 2015 que le agradecimos porque se subsanaron muchas cosas que veníamos reclamando”, sentenció.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que será solidario con los policías y como presidente de esta comisión cabildeará y trabajará para que esta iniciativa de Ley enviada por Malova no pase.
“Ese va ser mi posicionamiento personal, esperemos que los demás compañeros… sé los costos que puedo asumir con esto, sin embargo, en solidaridad con mi gremio…”, abundó el legislador del PRI.
Osuna fue director de Seguridad Pública de Ahome, y director de la Academia Regional, zona Noroeste, y director de la Academia de Policía de Tijuana.
Sobre el asunto de beneficiar solo a Aguilar Íñiguez, policías comentaron que eso: “Es lo que creemos, que se hizo para beneficiar a Chuy Toño”, comentó un policía que por temor a represalias pidió el anonimato.
“Es muy claro que ahora que ya se aprobó la jubilación del director de la Policía Ministerial ahora Malova quiera revocar la ley”, apuntó otro agente.
“Don Quirino”, detrás de la propuesta
Además del amplio beneficio a “Chuy Toño”, en los entretelones de la toma de posesión del nuevo gobierno de Quirino Ordaz Coppel también se vislumbra su mano, pues como LA PARED expuso en el anterior número el esquema de jubilaciones y pensiones en general parecían ser un obstáculo para el mazatleco en materia de administración, por lo que pidió a López Valdez realizar las modificaciones antes de dejar el poder y así recibir el costo político que representa estas medias impopulares.
No solo ya logró que Malova solicitara la modificación del Impuesto Sobre la Nónima, que afecta a las empresas, sino también se aumentó el predial urbano en un 3 por ciento y por último se acaba de enviar otra iniciativa al Congreso que plantea modificar la Ley de Pensiones de Sinaloa para quitar a los burócratas un 3 por ciento más de su cheque común.
De acuerdo a Noroeste, esta reforma tiene 3 objetivos: 1), establecer la pensión por vejez en la legislación, por ser un derecho mínimo de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.
2) Fortalecer la capacidad financiera del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, a la vez de permitir a los trabajadores al servicio de gobierno retirarse con una pensión digna dentro de un sistema financieramente autosustentable.
3) Establecer beneficios adicionales a los trabajadores y sus familias, así como clarificar dudas y lagunas de la vigente ley.