Mérida, Yucatán.- Entre vítores locales y la algarabía de una comitiva que inauguraba infraestructura educativa en el sureste mexicano, una densa sombra política viajó desde el Pacífico para romper la narrativa oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por un hermetismo absoluto al ser cuestionada sobre la crisis que sacude las estructuras de Morena: la entrega voluntaria a la justicia estadounidense de dos piezas clave en el convulso andamiaje de Sinaloa.
El general en retiro Gerardo Mérida
Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, ya duermen bajo custodia federal en los Estados Unidos. Ambos eran hombres de la más estricta confianza del hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Sonrisas frente a las preguntas incómodas
Durante su arribo a las inmediaciones de un plantel de bachillerato técnico en la capital yucateca, la mandataria nacional se topó con un muro de micrófonos que exigían respuestas sobre el caso penal que amenaza con desmoronar el discurso de seguridad oficialista.
“¿Presidenta, qué opina sobre las personas que se entregaron en Estados Unidos? ¿Qué información tiene de los exfuncionarios de Sinaloa?”, lanzaron repetidamente los reporteros.
La respuesta de Sheinbaum rompió su propio molde habitual. En lugar de ofrecer la acostumbrada promesa de “revisarlo en la conferencia mañanera”, la mandataria fijó la mirada al frente, obvió los cuestionamientos e intensificó el reparto de saludos y selfis con simpatizantes locales. Una evasión calculada para un caso que ya escaló a los tribunales de Nueva York y Arizona.
Operativos y Finanzas: La pinza que se cerró en EU
El trasfondo del silencio presidencial es de pronóstico reservado. La justicia estadounidense acusa formalmente a por lo menos 10 exfuncionarios de la administración sinaloense de tener vínculos directos con el narcotráfico. La caída de estos dos personajes en específico representa un jaque directo al corazón operativo del estado:
• Gerardo Mérida Sánchez (Seguridad): Presentado formalmente ante una corte federal tras cruzar la frontera por Arizona y trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, el militar en retiro ya se declaró “no culpable” por cargos que incluyen tráfico de fentanilo, cocaína y heroína. El Departamento de Justicia lo señala de recibir sobornos mensuales de hasta 100,000 dólares para brindar protección a la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
• Enrique Díaz Vega (Finanzas): Quien controlaba el flujo del erario público en la entidad también se encuentra bajo resguardo estadounidense en Nueva York, abriendo la puerta a filtraciones y declaraciones que podrían comprometer la ruta del dinero político en la región.
La tensión en la Cuarta Transformación
La entrega de los excolaboradores de Rocha Moya —quien actualmente permanece alejado del ojo público tras solicitar licencia de su cargo— ha encendido las alarmas en los círculos más altos del partido oficialista.
Mientras que la administración federal había demandado reiteradamente a Washington “pruebas contundentes” antes de emitir juicios, el hecho de que ambos exsecretarios hayan decidido entregarse por cuenta propia y, de acuerdo con reportes iniciales, colaborar con las agencias norteamericanas, debilita la narrativa de persecución política y coloca al gobierno mexicano en una posición de extrema vulnerabilidad informativa.
Con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en curso y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitando el congelamiento de cuentas del entorno del gobernador con licencia, el silencio estratégico en Yucatán parece ser el último dique de contención antes de la imprevista tempestad que se avecina el próximo lunes en Palacio Nacional.
Redacción/LaPared