Investigador de la UAS señala que la falta de documentos para acreditar el origen de los depósitos puede generar requerimientos y problemas con el SAT.
Culiacán, Sin.- Administrar dinero de terceros a través de una cuenta bancaria personal puede derivar en problemas fiscales si el titular no cuenta con documentos que acrediten el origen y destino de los recursos, advirtió Sergio Enrique Beltrán Noriega, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Durante la conferencia “El impacto social, jurídico y fiscal de las prácticas incorrectas del uso del efectivo ante los instrumentos electrónicos de fiscalización del SAT en México”, el especialista señaló que actividades cotidianas como las tandas, los fondos comunes y las cooperaciones para graduaciones pueden representar riesgos cuando no existe un respaldo documental que permita distinguir esos recursos de los ingresos propios del administrador.
La exposición se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, como parte de la Jornada Universitaria del Conocimiento 2026, donde Beltrán Noriega abordó los desafíos que enfrentan los contribuyentes ante los mecanismos electrónicos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El investigador explicó que, cuando una persona recibe depósitos en su cuenta por concepto de ahorros colectivos o cooperaciones, necesita elementos para demostrar que el dinero no representa un incremento de su patrimonio, sino recursos aportados por otras personas para un fin determinado.
“Para el SAT todo lo que cae en la cuenta bancaria del organizador es un ingreso y debe pagar impuestos”, expresó el académico al ejemplificar el caso de los recursos reunidos por estudiantes para financiar una graduación.
Como medida preventiva, recomendó establecer contratos y documentos que especifiquen las condiciones del acuerdo, la identidad de los participantes, las responsabilidades de quien administra el dinero y el destino de los recursos. Añadió que, cuando corresponda, estos instrumentos pueden formalizarse ante fedatario público para fortalecer su respaldo legal.
Beltrán Noriega también destacó que el uso de efectivo y el ahorro informal continúan formando parte de las prácticas financieras de la población mexicana. Durante su exposición, citó datos del Banco de México según los cuales el 80 por ciento de los mexicanos utiliza efectivo y recurre al ahorro informal, aunque no detalló el periodo ni la metodología de esa cifra.
El especialista advirtió que la digitalización de las operaciones financieras permite a las autoridades rastrear los movimientos del dinero, desde su origen hasta su destino, lo que plantea nuevos desafíos para empresarios, contribuyentes y personas que administran recursos colectivos.
Además, abordó las implicaciones de la reciente aprobación de la Ley de Economía Digital en México y llamó a reflexionar sobre aspectos como la cobertura de internet, las comisiones bancarias, la ciberseguridad, la protección de datos personales y la seguridad energética.
El académico cuestionó también que determinadas decisiones sobre las actividades en las que se limitará el uso de efectivo queden sujetas a disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aunque los depósitos bancarios pueden ser objeto de revisión fiscal, no todo depósito constituye automáticamente un ingreso gravable. Su tratamiento depende de la naturaleza de la operación y de las circunstancias particulares; por ello, la documentación que acredite el origen de los recursos resulta fundamental para aclarar posibles discrepancias ante la autoridad.