El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró que ha permanecido en Culiacán desde que dejó el cargo para enfrentar sin fuero las investigaciones en su contra. Reiteró que las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses carecen de sustento, negó contar con protección federal y atribuyó el caso a un ataque político impulsado por la “ultraderecha”, en medio de un proceso que ha generado repercusiones nacionales e internacionales.
Culiacán, Sinaloa. A 69 días de haber solicitado licencia al cargo de gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reapareció mediante un mensaje difundido en sus redes sociales para defender su actuación, rechazar las acusaciones en su contra y asegurar que ha permanecido en su domicilio de Culiacán mientras avanzan las investigaciones de las autoridades mexicanas.
En su publicación, Rocha recordó que el pasado 1 de mayo decidió separarse temporalmente del cargo con el propósito de enfrentar las investigaciones sin la protección del fuero constitucional.
“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”, escribió.
El mandatario con licencia informó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde respondió a los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público Federal.
Asimismo, afirmó que desde el inicio de su licencia no ha salido de Culiacán y desmintió versiones periodísticas que señalaban que era resguardado por fuerzas federales.
“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, expresó.
Rocha sostuvo además que durante los últimos dos meses ha enfrentado una campaña de desprestigio basada en “calumnias” y negó categóricamente las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.
“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”, afirmó.
En la parte final de su posicionamiento, el gobernador con licencia elevó el tono político al asegurar que el caso forma parte de una estrategia de la oposición para desacreditar tanto a su persona como al proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, sostuvo.
El contexto del caso
La licencia de Rubén Rocha Moya fue presentada después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer la existencia de una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York, en la que se le señala, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Las imputaciones provocaron una fuerte crisis política en la entidad y derivaron en que Rocha solicitara separarse temporalmente del cargo para someterse a las investigaciones de la FGR. Desde entonces, el gobierno estatal es encabezado por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.
A nivel nacional, el caso ha generado un amplio debate sobre la relación entre las investigaciones estadounidenses y la jurisdicción mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en diversas ocasiones que toda persona debe gozar de la presunción de inocencia y que cualquier responsabilidad penal debe acreditarse mediante investigaciones realizadas conforme a la ley y con respeto a la soberanía nacional.
Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó la apertura de investigaciones relacionadas con el caso y tomó declaración al mandatario con licencia, sin que hasta el momento haya informado sobre una imputación formal o el ejercicio de acción penal en su contra.
Mientras tanto, Rocha Moya mantiene que colaborará con las autoridades mexicanas hasta el esclarecimiento de los hechos y sostiene que las acusaciones provenientes de Estados Unidos carecen de fundamento.