Un triunfo pírrico contra el “testarudo” Congreso

De héroes y Villanos

El fallo que otorgó ayer el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ceaipes) no es más que la buena intención por abrir los contenidos informativos que desde ya estará escondiendo el Órgano de Control Interno del Congreso del Estado.

A poco menos de dos meses de que salgan del cargo, los 40 diputados que integran la Equis Ele legislatura (patente: Rafael Uriarte) se escudarán en que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no los obliga a rendir cuentas en torno a su situación patrimonial. Ni ahora ni nunca.

Y es que la resolución de la Ceaipes en torno al recurso de revisión que realizó La Pared, en el sentido en que los diputados, el secretario General del Congreso y el titular de la Auditoría Superior del Estado deben de entregar una versión pública de su situación patrimonial, sólo será en el caso en que ellos den el correspondiente permiso. Leer falló aquí.

Es decir, lo que dictaminó ayer el órgano garante de transparencia en Sinaloa fue sólo si los “diputados quieren” entregar los documentos en versión pública, pues seguimos en lo mismo, la ley le da la potestad a los servidores públicos de aceptar o no hacer público su patrimonio.

Es cierto que desde el lunes que dimos a conocer el tema en esta columna no afirmamos que todo funcionario sujeto a la ley tenía que hacer público lo que se ha agenciado en sus bienes. Sostuvimos que se trata de un tema de voluntad; ese es, pues, el espíritu de la ley vigente.

Las preguntas que hacíamos eran de por qué ocultar esta información. No lo hicieron los funcionarios de primer nivel del gabinete del gobernador Mario López Valdez. Y el ejercicio de máxima transparencia funcionó, pues hoy cualquier ciudadano puede estar sondeando año con año lo que engordan los bienes de los secretarios y del mismo gobernador, aunque las versiones públicas son susceptibles de manipularse.

Pero siendo optimistas, es lo que hay y a lo que nos debemos constreñirnos. Ya podrán ser empujadas las reformas necesarias a la Ley de Acceso.

También dijimos que el argumento de que el revelar la cantidad de bienes que posee un servidor público lo hace vulnerable ante la delincuencia, no se trata más que de una falacia, pues mientras no se documente que en realidad difundir la situación patrimonial haya terminado en un secuestro o en una extorsión, entonces no es válido justificarse en el tema de seguridad.

Esperemos, pues, que por el contrario, contra el pesimismo que sostenemos, los diputados den muestra de voluntad y accedan al mandato de la Ceaipes.

Y en pocos días vendrán los alcaldes con el mismo tema…

México firmó acuerdo contra corrupción

Sobre el tema de declaraciones patrimoniales, el especialista en transparencia, Ernesto Villanueva -miembro del llamado grupo Oaxaca- publicó un excelente ensayo comparado sobre este debate. Clikar aquí.

Entre una de las muchas cosas que deja en claro Villanueva es que México suscribió la Convención Interamericana Contra la Corrupción en mayo de 1997. Aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), esta Convención consideró que las declaraciones patrimoniales deben ser públicas porque así se configura una herramienta en el combate a la corrupción.

Es decir, entre más dispuesto esté un servidor público al escrutinio de la sociedad, entonces se evitaría, por ejemplo, que de la noche a la mañana se hagan ricos con la desenfrenada tarea de adquirir propiedades a costa del erario y de la corrupción.

Esto no es una hipótesis, es un hecho comprobado, y en el gobierno de Mario López Valdez al menos ya saltó el primer caso de presuntos actos de enriquecimiento, con Humberto Huerta, ex subsecretario en la Sedeshu, y sus innumerables propiedades.

Ahí están las casitas que el mismo Malova exhibió del exgobernador Jesús Aguilar Padilla y de algunos de sus excolaboradores. Y los casos abundan. Hay que recordar el caso Héctor Melesio Cuen Ojeda y sus más de 30 propiedades (aunque, claro, la Procuraduría lo exoneró de todo delito).

De ser legislado, este tema sería una herramienta que ayudaría precisamente a evitar los escándalos citados arriba, porque los servidores públicos no tendrían la necesidad de hacerse de propiedades a diestra y siniestra, en forma desenfrenada.

Los ricos transexenales se dan, sin duda, porque sigue habiendo huecos legales de cómo esconder los bienes. De entrada, esto evitaría al menos en apariencia que los funcionarios no pongan a su nombre o de su familia el patrimonio. Y aquí vienen los reglamentos y sistemas de operación contra el desvío.

En fin, como decía un amigo politólogo, hay muchas cosas que hacer en la legislación. Y como diría una colega en forma sarcástica: ¡Urge legislar!

El gremio de exrectores

Habría que verlos a todos ellos reunidos ahí en RadioUAS. Desde Jorge Medina Viedas, el otrora crítico acérrimo del actual gobierno universitario, hasta David Moreno Lizárraga, Ahudómar Ahumada Quintero, Rubén Rocha Moya, Gómer Monárrez González y Víctor Antonio Corrales Burgueño. Todos alrededor de Héctor Melesio Cuen Ojeda y el rector en turno Juan Eulogio Guerra. Quede para la foto, pues, este acontecimiento insólito.

Por Martín Durán

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