La polémica se alzó en los medios. El motivo: el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, reformado debido a la implementación del nuevo sistema de justicia. Para el investigador en temas de justicia penal, Marco Lara Klahr, es muy claro que en Sinaloa está anidando una contrarreforma que ingresa elementos (virus) del viejo sistema: opacidad, discrecionalidad y burocratismo.
Por Martín Durán
Culiacán, Sin.-El Congreso de Sinaloa impuso trabas a la cobertura periodística en temas de seguridad y justicia, al aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con motivo de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, que entrará en vigor en Sinaloa en octubre próximo.
¿Pero en qué limita el artículo 51 Bis la cobertura de medios de comunicación?
Entrevistado por La Pared, Marco Lara Klahr, director del Programa de Medios y Acceso a la Información del Instituto de Justicia Procesal Penal, hace un análisis paso a paso de los párrafos aprobados por los legisladores el jueves pasado.
Se trata de una voz autorizada en la materia, con más de 30 años de experiencia en temas de justicia penal, y uno de los impulsores de una nueva cobertura mediática para medios, que respete los derechos humanos y el debido proceso penal de los acusados.
Según concluye Lara Klahr, “en Sinaloa hay un típico caso de contrarreforma, que es algo mucho más grave que una mordaza, es una contrarreforma aprovechando la reforma federal.”
A solicitud de este diario digital, el especialista realizó un análisis detallado e indicó que si bien esta reforma tiene algunas virtudes que los medios de comunicación deben respetar, como no exponer a imputados de delitos o a víctimas a linchamientos públicos, también cada párrafo de la modificación legal contiene elementos del viejo sistema: opacidad, discrecionalidad, burocratismo, comunicación no basada en derechos, sino en discreciones basadas en un funcionario público que se vuelve un tótem, es decir, el procurador como máxima figura que provee información a los medios informativos.
Aquí el desglose:
Análisis del artículo 51 BIS de la Ley Orgánica de la PGJE
Párrafo 1:
“Establece que los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.”
MLK: La primera pregunta que podemos hacer aquí es ¿qué va a pasar con las oficinas de Comunicación Social? ¿qué va a hacer la oficina de Acceso a la Información?, eso implica un retroceso en el sentido en que lo que estamos esperando es que se profesionalice las oficinas de comunicación institucional, eso es lo que estamos esperando, para atender a los periodistas profesionalmente. Porque una cosa es la oficina de acceso a la información y otra la oficina de comunicación, entonces ahí hay un primer tema.
“Esta parte es muy ambigua porque dice que los medios tendrán acceso a la investigaciones a través de los boletines de prensa; esto está bien, es decir, está bien que la institución informe por las vías institucionales y que lo haga de una manera eficiente, lo que no está claro es a qué se refiere con cumplir los requisitos en materia de transparencia.
“Porque además, yo diría que además por el código tendría que ser más específica, yo diría que primero sería por los derechos del debido proceso, los derechos personales, eso es lo que tiene que respetar, por lo tanto en ese contexto incorporar el tema en materia de transparencia, porque la ley de transparencia incluye los datos personales.”
Párrafo segundo:
“En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.”
MLK: La primera parte está perfecta, nadie tiene por qué entrar a la escena de los hechos, no hay ninguna razón, al entrar a la escena de los hechos la alteras. Pero aquí viene el detalle, la toma de audio y video y fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo, eso está bien, no tenemos por qué enjuiciar a las personas mediáticamente antes de que sea enjuiciadas por un juez, pero el problema está en la segunda parte del párrafo, dice: Tampoco se permitirá el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Eso quebranta absolutamente el derecho al acceso a la información, porque toda la información relativa a la seguridad pública y procuración de justicia es de interés público, entonces básicamente esto es hasta un disparate. El primer párrafo se contradice con el segundo.
-¿Es una inconsistencia del artículo?
Es algo más que inconsistente, es una reforma donde por lo visto los legisladores inoculados, instrumentalizados por el Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo instrumentalizado por el Ejecutivo lo que está haciendo es aprovechar algunos principios del sistema de justicia penal acusatorio para incorporar elementos de opacidad a la Ley Orgánica de la Procuraduría.
Hay una bipolaridad, no es un tema de inconsistencia, que pretende meter, aprovechar la coyuntura de la reforma del sistema penal del tipo acusatorio para ampliar la opacidad.
La primera parte de este párrafo es maravillosa, porque se trata de proteger la identidad de las personas acusadas, pero la segunda parte “ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública y la procuración de justicia”, eso es absolutamente violatorio de la Constitución del artículo 6, cancela el derecho a la información, y mientras que en el caso anterior apela a la ley en materia de transparencia, aquí viola la ley de transparencia, viola la constitución federal, viola el marco normativo local relativo a acceso a la información.
Tercer párrafo:
“Ningún funcionario de la PGJES podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia del Estado o de la unidad de acceso.”
MLK: Ve qué interesante, no está mal, pero lo que están haciendo es preservar la lógica de que el procurador es quien de manera discrecional y arbitraria determina dónde y cuándo lincha a una persona mediáticamente y cuando no. No puede quedar bajo su discrecionalidad el derecho a la información, y la obligación de la institución de rendir cuentas no puede quedar a la discreción de un funcionario público, la obligación institucional es de rendir cuentas. Aquí debería hablar de una norma para la comunicación, que evidentemente tenga una cadena de mando.
Ahora, aquí hay un dato muy interesante. De acuerdo con el código nacional de procedimientos penales, que entrará en vigor a mediados de julio de 2016, ve esto qué interesante, si el procurador determina hacer un juicio mediático, va ser penalmente responsablemente, porque la ley lo dice claramente. Es decir, si el procurador es el único que puede autorizar la publicación de información de la PGJE, si hay un juicio mediático de exhibir a una persona o alguna filtración de información relativa a una investigación que afecte los derechos de las personas implicadas, el responsable penal, civil y administrativamente será el procurador. Vamos a tener a mano al procurador como responsable, y vamos a poder llevarlo a juicio.
-¿Crees que se trata de un tema en que los diputados no supieron legislar?
MLK: Yo no creo que no sepan legislar, esto señores están intentando, generando una contrarreforma de comunicación, aprovechando el mandato constitucional de tener que adecuar la reforma penal. Entonces ellos dicen está bien, tenemos que reformar el marco local a la reforma constitucional federal, pero de pasadita le incorporamos elementos del viejo sistema, o sea, opacidad, discrecionalidad, burocratismo, comunicación no basada en derechos si no en discreciones basadas en un funcionario público que se vuelve un tótem internamente, pero para hacer eso también están poniéndose en exposición, porque si el procurador es el señor que autoriza todo entonces al mismo tiempo es responsable si hubiera consecuencias penales de sus actos al comunicar
Cuarto párrafo:
“Sólo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.”
Perfecto, maravilloso que solo la víctima y el imputado tengan acceso a las investigaciones. Es una gran noticia. No más filtraciones de información, pero cada párrafo tiene su vacuna. Entonces la segunda parte dice “siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”, eso niega totalmente el derecho al debido proceso, en el sentido de que la parte acusadora y la parte acusada deben tener en todo momento la información disponible para que se materialice el derecho a la igualdad procesal, y el derecho a la defensa. Esta parte es un disparate.
Al final, el investigador en temas de cobertura periodística concluyó los siguientes puntos:
*Yo diría en pocas palabras que el Poder Legislativo está colonizado por el Poder Ejecutivo. Esta reforma refleja eso.
*En los hechos no hay separación de poderes, y eso lo que provocara que inocularan en una reforma aparentemente del tipo acusatorio virus del sistema inquisitorio, que tiene que ver con la opacidad, la discrecionalidad y el burocratismo.
*Es decir, tomando elementos del sistema acusatorio están aprovechando para crear los anticuerpos. O sea, yo lo abro por acá, pero lo cierro por aquí.
*A cada virtud del sistema acusatorio le inoculan un veneno del sistema inquisitorio, en cada uno de los cuatro párrafos. En Sinaloa hay un típico caso de contrarreforma, que es algo mucho más grave que una mordaza, es una contrarreforma aprovechando la reforma federal.