Culiacán, Sin.-Los resultados de control de confianza, aunque son datos personales, tienen que ser públicos porque el espíritu de la Constitución Mexicana es ponderar lo más importante para los ciudadanos, indicó Ernesto Villanueva, investigador de la UNAM y experto en materia de transparencia.
“Se trata de datos personales (los resultados) pero que son públicos porque aquí hay que ponderar qué es más importante para los ciudadanos, y esto concuerda con el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución”, comentó Villanueva en entrevista vía telefónica con La Pared.
“Es un tema que se debe hacer público para que la sociedad pueda saber en manos de quién está las fuerzas policiales, y si se cumple con la máxima de honestidad y aptitud”, argumentó también coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El revés (Lea reportaje: Sepulta Ceaipes en Sinaloa controles de confianza)
El 29 de octubre, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa dio un revés a la transparencia al declarar confidenciales los resultados de las evaluaciones que se practican los mandos policiales, y cuyo dato recae en Apto y No apto.
De hecho, el IFAI a nivel federal le ha ordenado a instituciones como la PGR, la Policía Federal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entregar esta misma información de los altos mandos.
En Sinaloa, en lo que toca al órgano garante, lo que prevaleció fue decisión de favorecer a la confidencialidad.
Sobre este tema, Villanueva aseguró que lo que debe prevalecer siempre es lo que mayor le convenga a la ciudadanía, aunque sí se trata de información personal, el interés superior que debe regir es la de máxima publicidad de los resultados.
No así del proceso de evaluación, que recaba datos sicológicos, patrimoniales, socioeconómicos y poligráficos.
“Este tema a nivela internacional ya se ha discutido y lo que ha prevalecido es la máxima publicidad, lo hacen en Estados Unidos y en Chile; hay que recordar la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, hay que ver los tratados internacionales que ha firmado México; la Ceaipes debió interpretar estos tratados, no nada más regirse con la Ley de Acceso sinaloense”, detalló el especialista en acceso a la información.
Ceaipes, en entredicho
Dijo que a pesar de que en Sinaloa, en el 2002 en que se aprobó la Ley de Acceso se le vio como de avanzada en el país, “incluso mejor que la Ley Federal”, el problema que actualmente se ve en el estado es la actuación del órgano garante.
“En aquel momento la Ley de Sinaloa fue mejor que la federal, el problema ahorita es metajurídico, porque ¿quién dirige la Ceaipes? ¿A quién ponemos que pueda garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas? Es necesario hacer cambios para quien esté y haga valer la ley no tenga ningún compromiso; los comisionados tienen que ser elegidos directamente por universidades y por este tipo de ámbitos, no por políticos”, añadió.
¿Quién es Ernesto Villanueva?
Coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde se desempeña como investigador titular C definitivo por oposición. Articulista del semanario PROCESO y colaborador de diversos medios. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt nivel III.
Experto en transparencia, libertad de expresión, telecomunicaciones y rendición de cuentas. Además, es parte del llamado Grupo Oaxaca, que aglutinó a especialistas y académicos expertos en materia de acceso a la información, que propusieron la Ley Federal de Transparencia.
En Sinaloa fue uno de los que elaboró la Ley de Acceso a la Información Pública.
Por Martín Durán/La Pared