Culiacán, Sin.-Por incompetente en conocer asuntos jurisdicionales, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa rechazó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh) que emitió por el caso de Juan Carlos Cristerna Fitch.
Marco Antonio Higuera Gómez, titular de esta fiscalía señaló que este jueves a las 11:08 horas dentro del plazo otorgado por la Cedh rechazó dicha recomendación sustentando la inoportunidad de la Cedh que en términos de su competencia adquirió el caso en naturaleza jurisdiccional.
Dijo que lo anterior esta dispuesto en la Ley en el artículo 102 apartado b párrafo III de la constitución política y 77 bis párrafo I y II de la Constitución de Sinaloa, correlacionado con los números 38 fracción segunda y novena de la Cedh.
“Se entiende por cuanto la intervención de la Cedh ocurre con desapego a la Ley y fuera de los límites para ejercer sus facultades de investigación sobre violaciones a derechos humanos por estar el caso en sede juridisccional. Eso es tanto conocimiento por un juez federal como de un juez de primera instancia del ramo penal, quienes son los únicos competentes y con facultades para resolver en especie al ejercer la función de administrar justicia lo cual tienen por mandanto del artículo 17 de la Constitución”, sentenció el funcionario.
Señaló que fue inoportuna la intervención de la Cedh al pretender dictaminar la posible violación a los derechos humanos de Cristerna, cuando el caso incontratablemente se encontraba dentro y sujeto a la función exclusiva del poder judicial del estado, por lo que advirtió Higuera Gómez “sus determinaciones y resoluciones son prevalentes sobre ellas”.
El procurador dijo en conclusión en esos términos se sintetiza la respuesta de la PGJE que dio a la Cedh que es incompetente para conocer de asuntos jurisdiccionales.
Cabe señalar que el presidente de este organismo, Juan José Ríos Estavillo había solicitado sancionar conforme a la ley a los policías y peritos que llevaron a cabo la investigación sobre el homicidio de la maestra Perla Lizeth Medina Vega, y a la Secretaría General de Gobierno al defensor de oficio que supuestamente asistió a Juan Carlos.
Asimismo aseguró que las pruebas y testimonios recogidos durante la investigación, se determinó que el joven acusado fue vulnerado por detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tortura, obstaculización de las funciones de la CEDH, violación a la defensa adecuada, omisión de la autoridad de proporcionar información, irregular integración de la averiguación previa, violación a los derechos del inculpado, omisión de certificar lesiones y prestación indebida del servicio público.
Cynthia Valdez/La Pared