México, DF.-El teléfono suena por tercera ocasión. Del otro lado se escuchan voces y ruidos metálicos, cosas de vidrio que parecen chocar.
“Bisturí, páseme el bisturí”, le dice a alguien la voz que me pide aguantar tantito y luego pregunta: “¿A quién busca?”
–Al General Ricardo Martínez Perea, por favor.
–Ah, sí, espéreme.
Es la primera vez que Martínez Perea habla con algún medio de comunicación desde que fue recluido en la prisión del Campo Militar Número 1-A en el 2001, cuando un fax anónimo enviado desde una papelería cercana a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en el Distrito Federal lo señaló como presunto colaborador del Cartel del Golfo.
–Ya está afuera de las Islas Marías, General. ¿Qué espera de todo esto?
–Que se rectifique esta equivocación de la justicia militar en mi contra.
Martínez Perea fue el primero de los militares que Vicente Fox, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, llevó a juicio de manera pública y mediática en el 2003, en un Consejo de Guerra Ordinario cubierto por la prensa nacional y extranjera en forma generosa, para dar cuenta de la apertura y de los nuevos tiempos que el panismo en el poder inauguraba.
Con el General fueron detenidos el Capitán Pedro Maya Díaz y el Teniente Antonio Quevedo Guerrero. Fueron juzgados y condenados a 15 años de prisión por delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.
Las pruebas fundamentales presentadas por sus abogados y las periciales solicitadas para demostrar su inocencia fueron desestimadas y nunca se desahogaron.
Martínez Perea es General Brigadier, el último de los generales llamados tácticos porque no es Diplomado de Estado Mayor como los mandos que egresan de la Escuela Superior de Guerra.
Era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando fue detenido y traído a la ciudad de México.
Ha estado en tres prisiones: la de Campo Militar Número 1-A (de 2001 a 2008), la de El Rincón, en Nayarit (de 2009 a diciembre de 2012), y el Complejo Penitenciario de Islas Marías (de diciembre de 2012 a julio de 2013).
En todas ha sido golpeado, maltratado y desatendido médicamente. El sábado 29 de julio, a las diez de la noche, fue trasladado desde el penal de las Islas Marías hacia Mazatlán en una nave de la Armada de México.
Horas antes fue traído desde el campamento El Aserradero para avisarle que se iba a que le hicieran exámenes en un hospital. Sus abogados fueron avisados del traslado en la mañana del lunes 31 de julio.
El General contesta desde tierra firme. Está en alguna sección del centro Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Mazatlán, Sinaloa. Le están practicando exámenes con un antígeno prostático para detectar anomalías y descartar cáncer.
–General, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
–Bien gracias… Nada más esperando a ver qué dicen si me quedo acá o me regresan a las islas luego de los exámenes.
–¿Y cómo ve las cosas?
–Pues ellos son los que deciden. Uno nada más espera. ¿Qué más queda?
La llamada es rápida. Contesta desde un teléfono del Cecjude al que tiene acceso por unos instantes mientras aguarda a una revisión médica. Conrado Hernández, uno de los abogados militares que defienden al General, explica por qué abandonó el penal de las Islas Marías y está en Mazatlán.
Dice que está a disposición del Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con Residencia en Mazatlán, Sinaloa, ya que en dicho juzgado se desahoga el Juicio de Amparo promovido en favor del General, por lo que hace a la demanda para que se le otorgue la libertad con base en la inexistencia de pruebas reales en su contra.
Pero Martínez Perea espera sobre todo la resolución del Supremo Tribunal Militar en torno al Incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido el pasado 12 de mayo por sus abogados ante esa instancia para que se tomen en cuenta las pruebas y los testigos que le fueron negados o desechados hace 12 años en el Consejo de Guerra Ordinario que lo llevó a prisión.
El abogado dice que el juicio de amparo para obtener la libertad del General se desahoga en Mazatlán, porque el juez militar que llevaba la causa en el Distrito Federal se declaró incompetente ya que de acuerdo con la nueva Ley de Amparo, los recursos promovidos en contra de violaciones a los derechos humanos tales como la Incomunicación con sus abogados, el destierro o expulsión del territorio nacional y la omisión de proporcionarle la atención médica de especialidad para su padecimiento cardiaco, deben ser atendidos por el juzgado del lugar en el que se reclamen los actos violatorios.
En este caso, corresponde al Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región atender y resolver el amparo promovido por los abogados del General.
El otro instrumento jurídico, el de Reconocimiento de Inocencia, sigue desahogándose ante el Supremo Tribunal Militar, sin embargo, es precisamente este mecanismo el que ha permitido que a Martínez Perea se le atienda médicamente afuera de las Islas Marías. La Sedena le ha negado la atención médica durante años, argumentando que Martínez Perea ya no pertenece a las fuerzas armadas y que por ello no tiene los beneficios que corresponden a un militar en activo o en retiro o a una persona que es familiar de militares.
El General Martínez Perea tiene en el ejército a un hijo con el grado de Mayor, perteneciente al arma de Caballería: Juan Ricardo Martínez Ledezma, quien fue citado como testigo por la defensa para probar que existe parentesco familiar y que por lo tanto la Sedena debe proporcionarle atención médica como beneficiario del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
En cuanto a la pertenencia del General al Ejército Mexicano, la Sedena cometió un error técnico administrativo al no ratificar ante el Senado de la República la baja de Martínez Perea tras recibir sentencia condenatoria. La Sedena debió efectuar dicho trámite ante el Senado ya que es dicha instancia es la encargada de ratificar grados militares a propuesta del Presidente de la República.
SINEMBARGO.MX: http://www.sinembargo.mx/04-08-2013/708230.