Vistos como cloacas sin fondo y como símbolos de corrupción gubernamental, la construcción de edificios que albergan oficinas públicas siempre ha causado rechiflas en los gobernantes en turno, mezcla de opacidad y cinismo, en momentos en que, se dice, las finanzas públicas no son las mejores. Eso sí, siempre habrá quien se lleve su tajada.
Por Martín Durán
Culiacán, Sin.-De construirse el nuevo Palacio Municipal de Ahome, que albergará a las oficinas administrativas del Ayuntamiento, su costo mensual saldría más oneroso que lo que se comenzó a pagar en su momento por la Unidad de Servicios Especiales de Gobierno del Estado, durante el gobierno de Juan Millán Lizárraga.
De acuerdo con documentos expuestos por el diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del PAN, las nuevas oficias en Los Mochis saldría en erogaciones mensuales de 2 millones 287 mil 761 pesos, lo que daría una anualidad de más de 24 millones de pesos. Más de lo que cuesta la USE en Culiacán.
Según el contrato de arrendamiento que hizo el gobierno millanista para el arrendamiento de la Unidad de Servicios Especiales, se pagaría virtualmente en 10 años un monto de 246 millones de pesos, sin IVA incluido, a la empresa arrendadora OEI Inmobiliaria S. A. de C. V., creada al parecer ex profeso para la construcción de la USE. Su representante legal era Francisco Eugenio Lobeira Treviño.
El contrato entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, cuando el gobierno de Juan Millán era señalado como uno de los más opacos, y de los que más se resistió a la transparencia, al grado que catalogó como información reservada cuentas públicas estatales.
De acuerdo con las cláusulas del documento (obtenido por Infomex), Gobierno del Estado pagaría 2 millones de pesos mensuales por concepto de renta, durante 10 años a plazo forzoso, pero una modificación de diciembre del mismo año establece que por cinco años el Estado podría optar en lugar de pagar 2 millones 100 mil pesos (aumentaron la renta) construir vialidades y realizar inversiones en el sector Tres Ríos (cláusula Quinta modificada) con el fin de aumentar la plusvalía de la zona, cosa que se realizó.
Incluso la cláusula obligada al gobierno a construir el puente que cruza hacia la parte el norte el río, así como darle promoción a la zona.
Actualmente, en este sector se han construido fraccionamientos, colegios, hospitales, se encuentra el DIF Estatal, el Instituto de Cancerología, el Centro de Rehabilitación Física, la unidad administrativa de la UAS, y se construye un importante proyecto inmobiliario denominado Álamo Grande, propiedad del afamado Carlos Antonio Sosa Valencia.
¿Por qué se propuso en lugar de pagar renta invertir en obra pública? Hoy este sector es uno de los más caros de la ciudad, como puede patentarse en el proyecto Álamo Grande. Negocio redondo.
Pasado presente
Lo mismo que ayer, hoy los gobiernos de Arturo Duarte García, en Ahome, y Sergio Torres Félix, de Culiacán, pretenden la construcción de nuevas oficinas que alberguen a las dependencias municipales, lo cual ha hecho a los opositores oler el tufo de los negocios millonarios a expensas de la obra pública.
Mientras que Duarte García ya adelantó el proyecto, el cual fue aprobado por el Cabildo casi como un hecho, Torres Félix optó por no meterse en aguas hondas, y declaró a la prensa que apenas se “analiza” el tema. En todo caso, manifestó que costaría al erario entre 180 y 200 millones de pesos, y lo hizo ver como algo todavía no concretado.
Lo cierto es que el primero que habló de un nuevo palacio en Culiacán fue el ex alcalde Moisés Aarón Rivas Loaiza, que en septiembre de 2012 dijo que existía el proyecto de la construcción de una unidad para oficinas administrativas con un costo de 50 millones de pesos, que albergaría a 29 dependencias municipales.
Para el proyecto, ya se contaba con 22 millones de pesos ahorrados del préstamo solicitado por Héctor Melesio Cuen Ojeda para concluir el Eje Federalismo. Sin embargo, salió de alcalde y nunca se llevó a cabo.
Ahora Torres Félix indicó que el proyecto (el análisis, pues) costaría máximo 200 millones de pesos, gestionados en la federación.
El caso Duarte
El cabildo de Ahome ha insistido que el nuevo palacio es necesario, a pesar de que realizarlo bajo el esquema de contrato público-privado elevaría mil 600 por ciento el costo de lo que hoy se invierte en renta de oficinas a particulares.
Además, el gobierno ahomense estaría pagando 2 millones 287 mil 761 pesos mensuales durante 30 años (a diferencia de los 146 mil pesos actuales), sumando también la inflación anual, lo que elevaría al costo estimado en esas tres décadas de mil millones de pesos.
Las críticas se han enfocado contra Arturo Duarte y los regidores, a quienes han señalado de querer beneficiarse con la construcción del edificio. Otra crítica reiterativa es que antes que un nuevo palacio es necesario una obra de drenaje fluvial para evitar inundaciones en Los Mochis.
Las rentas de Gobierno
La Pared publicó en septiembre del año pasado, que el Gobierno Estatal duplicó de 2006 a 2012, a pesar de contar con la USE, las rentas de oficinas públicas de todo el estado.
De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Administración y Finanzas a este medio, mientras que en 2006 el Gobierno erogó un total de 26 millones 844 mil 588 pesos, para 2012, el segundo año de la administración de Mario López Valdez, la pesada burocracia estatal necesitó de 55 millones 902 mil 285 pesos para pagar rentas.
Sin embargo, el año más oneroso fue 2011, en el que se erogó un gasto de 56 millones 571 mil 725 pesos. (Se anexa tabla).
La lista de oficinas de uso público abarcan desde bodegas para archivo, agencias del ministerio público de todos los municipios, unidades de servicios estatales en los municipios, entre otras dependencias que arrendan inmuebles para mantener a sus oficinas.
Las más solicitadas
A la empresa Macroventas en General SA de CV se le pagaron 690 mil pesos mensuales para rentar el llamado centro logístico, que no es otra cosa que una bodega de grandes dimensiones destinada para la acumulación de documentos.
Es de destacar también el Centro Integral de Procuración de Justicia, ubicado en Culiacán, por el cual se pagará más de un millón de pesos a la empresa Inversiones Inmobiliarias del Fuerte.
Asimismo se encuentran las oficinas del Ministerio Público y la Suprocuraduría Regional de la Zona Centro, por lo que ya se pagaron 418 mil pesos sólo en enero a Planes Inmobiliarios SA de CV.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra en la misma situación, para el cual se erogan desde el gobierno 277 mil pesos al mes, a Piero Soluciones Totales SA de CV.
Pero no sólo es a empresas a quienes se les paga, pues también particulares como Juan Manuel Félix Barraza, empresario harinero de Sinaloa, quien recibe 290 mil pesos mensualmente por las oficinas de la Secretaría de Turismo, en Mazatlán.
Las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública son arrendadas por Efraín Cortez López, que no es otro que el presidente del consejo consultivo de la Fundación Produce AC.
En Ahome, la administración estatal destina más de 50 mil pesos para la renta de diversas oficinas del Ministerio Púbico y la Policía Ministerial del Estado a Beatriz Careaga Hays, sólo por mencionar algunos.