En Sinaloa es recurrente que mueran personas inocentes a manos de las fuerzas de orden, ya sea en un fuego eminentemente cruzado o por la negligencia de los agentes, que no pocas veces lo aturde el miedo, la adrenalina o cualquier otra cosa. Sin embargo, y a pesar de todo, no es justificante.
La muerte del niño Sebastián, en ese sentido, no está justificada, aunque haya esfuerzos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública por matizar los hechos. No se trata nada más de un trágico suceso que tiene que concluir con el linchamiento del agente estatal que ha sido acusado de homicidio doloso ante el juez. Es cierto que el caso exige la justicia, y para eso estará el órgano jurisdiccional, pero lo que deja en evidencia es la negligencia con que actúan las corporaciones policiacas al momento de aprehender a una persona.
Siempre es peligroso el pequeño poder que se le concede a un agente, sobre todo cuando no lo ejerce con responsabilidad. Y es habitual que policías, tránsitos y militares transgredan los derechos humanos de los gobernados.
Ahí están los municipales que para “salvaguardar” a dos periodistas de El Debate los esposaron y los trasladaron a la Barandilla.
Otro caso parecido al de Sebastián es el de la señora Gaudelia Pérez Martínez, baleada la noche del 8 de noviembre del 2012 mientras pasaba sus últimos años sentada en el porche de su casa, tejiendo.
La señora fue víctima de esa violencia extralegal que ejercen los policías. Por detener a un agente de la Policía Estatal (que más tarde se comprobaría que abusó del alcohol y las drogas) que nunca hizo caso de las señales de alto.
Hoy quedan en prisión dos policías municipales por la muerte de Gaudelia. Hace poco, cuando fui a entrevistar a Juan Carlos Cristerna, supuesto asesino de la maestra Perla Lizeth Vega, me encontré con Benjamín Ornelas, uno de los agentes que participaron en los hechos en la colonia Miguel Hidalgo, hace casi un año.
Habló conmigo sobre el caso, las presuntas irregularidades en que ha incurrido el ministerio público a la hora de investigar.
No por eso deja de haber un culpable de la muerte de la señora. Dos balas le segaron la vida. Es evidente que alguien disparó. La defensa de los municipales detenidos es que fueron las balas del Estatal. El juez tendrá la última palabra.
El caso cuyas secuelas perduran como señas de esta negligencia policial es la de los menores de Bamoa. A pesar de que ya el Congreso le aprobó una pensión vitalicia a Luis Alfonso -imposibilitado para caminar debido al balazo que recibió- a los agentes ministeriales involucrados en el ataque se les dio todo el beneficio desde la Procuraduría General de Justicia.
Estoy en condiciones de asegurar que tanto la Policía Ministerial como la PGJE protegió a sus elementos, tanto que se les procesó por lesiones culposas, lo que les dio derecho a fianza, cuando un experto en la materia me aseguró un día que en el atentado a los menores se configuraba lesiones culposas y homicidio en grado de tentativa. Es cierto, los agentes nunca habrían querido dispararle a un vehículo repleto de adolescentes, pero valga la pena decir que aquí ni siquiera se pudo justificar que hubo disparos desde la unidad para motivar la balacera que concluyó con los saldos ampliamente conocidos de tres menores heridos.
“Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre”, suele decir un refrán conocido. Y esto, aunque diga que no, lo han practicado en el gobierno de Malova. Y los casos abundan.
Una legislación para fortalecer la transparencia
Dio a conocer ayer la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el marco de la Semana de la Transparencia, que se plantea una modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vinculantes a la Ley de Acceso.
Uno de los temas a debatir es la concerniente al patrimonio de los funcionarios, impedido hoy a ser publicados por un candado que se resume en el último párrafo del artículo 112 de la primera ley, y en una cláusula de la segunda, en donde establece que el patrimonio es información personal.
Este martes, Ernesto Villanueva dará una magistral conferencia sobre el tema en la Centro de Ciencias, al cual nos sumamos con la tesis de que transparentar el patrimonio de los servidores públicos sería una herramienta de combate a la corrupción. Puede Sinaloa ser la avanzada en el país en este tema, aunque en Morelos ya se ganó esta primera batalla.
Controles de confianza también a la apertura
Un tema que tocaremos más adelante será el de los polémicos controles de confianza. A nivel nacional, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ya ha dictaminado que los resultados de estas evaluaciones son públicas, y ha obligado a la PGR y a la Policía Federal a transparentar la información.
Las distintas resoluciones -y que La Pared ha promovido ante el IFAI- concluyen en que los resultados de idoneidad no pueden reservarse, aunque se invoque que son producto de un proceso en donde se vierten datos sensibilísimos como exámenes sicológicos, sicométricos, toxicológicos, etc, que conciernen a la privacidad del sujeto.
Los comisionados determinaron que si el resultado conlleva una consecuencia legal, que sería la idoneidad del servidor público, con más razón esta información debe transparentarse porque se estaría cumpliendo con la máxima constitucional de que todo funcionario debe tener las actitudes de respeto a las normas y a guardar los preceptos legales.
En Sinaloa, un acuerdo de reserva publicado en el Periódico Oficial en el 2010, clasifica los resultados invocando similares argumentos. Una respuesta a la solicitud realizada por este diario digital, en el sentido de informar los resultados de los 18 mandos municipales, señala en tesis de jurisprudencia que se violarían derechos humanos de las personas a los que se le aplicó el examen. Ya el caso está en la Ceaipes, y más adelante podremos discutir la pertinencia de dar publicidad a este tipo de datos.
Por Martín Durán