México, DF.-El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, advirtió hace unos días que quienes bloqueen o cierren vialidades en esa entidad serán detenidos y sujetos a proceso penal.
Reconoció que en el estado, las protestas pueden subir de tono, al igual que en otros estados como Guerrero y la Ciudad de México, y por ello se debe garantizar la gobernabilidad del territorio sinaloense.
Las manifestaciones en solidaridad por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, se han replicado también en Sinaloa, lo que ha alertado al mandatario estatal.
“Como que la lumbre está muy cerca”, comentó.
Antes, en agosto pasado, Malova promovió una ley que restringía el acceso a medios de comunicación a información considerada como delicada.
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se manifestaron en contra porque –argumentaban– limitaba la libertad de expresión.
Y gracias a las protestas ciudadanas, con las que se solidarizó todo el país, la legislación se derogó. En este clima de crispación social, la semana pasada se dio a conocer que Sinaloa es la quinta entidad con más desapariciones forzadas, con mil casos, en lo que va de la administración de López Valdez.
CÁRCEL A MANIFESTANTES
El pasado 3 de diciembre, el Gobernador advirtió que a partir de “ese momento” quienes bloqueen las vías generales de comunicación serán encarcelados y sujetos a proceso penal.
Días después, el 7 de diciembre agregó que en la entidad las manifestaciones se pueden intensificar por lo que hizo un llamado a tomar mediadas hacia las personas que se manifiesten y provoquen desorden público.
En tanto, su Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, insistió ese mismo día que se dará cárcel a las personas que hagan bloqueos de calles y carreteras.
En agosto, el Congreso de Sinaloa aprobó la llamada “Ley Mordaza”, promovida por el Gobernador López Valdez, la cual establecía en el Artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJE) que los medios de comunicación sólo tendrían acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
Desde su aprobación, expertos habían advertido que la legislación violentaba los derechos humanos de acceso a la información pública y la libertad de expresión, consagrados en la Constitución mexicana.
La controvertida “Ley Bozal” o “Mordaza”, como se le nombró, provocó marchas y protestas en la entidad por parte de periodistas que vieron en ésta limitaciones a su trabajo, y miles de ciudadanos se solidarizaron con ellos.
Ante las críticas y el rechazo a la “Ley Mordaza”, Malova aceptó que la legislación era un error, e incluso en su momento declaró: “Al mejor cocinero se le va una papa entera”.
El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la derogación del artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la PGJE. La ley aprobada el 31 de julio sólo duró 21 días.
Luego de su derogación, López Valdez garantizó que no se volvería a buscar implementar las mismas medidas como la denominada “Ley Mordaza”, pero estableció que esto sólo será durante su gobierno.
En este contexto, Sinaloa se ha solidarizado con los normalistas de Ayotzinapa. El lunes 1 de diciembre, al menos 180 escuelas de educación pública de todo el estado suspendieron clases, informó a la prensa Humberto Domínguez Betancourt, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE).
Además, de acuerdo con el diario Noroeste, las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron hasta el Gran Maratón Pacífico 2014, donde algunos participantes portaron camisetas para solidarizarse con la causa.
Durante la jornada nacional y global por Ayotzinapa, realizada el 20 de noviembre pasado, el desfile conmemorativo por el 104 aniversario de la Revolución estuvo salpicado de reclamos y protestas en la entidad, reportó ese diario local.
Luego de las declaraciones del mandatario estatal, Juan José Ríos Estavillo, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), expuso que así como se deben respetar los derechos de terceros durante manifestaciones, también se debe garantizar el derecho a la libertad de manifestación y de expresión.
“La calle al ser un bien público puede ser ocupado por cualquiera de estas vías de expresión, ¿qué vamos a hacer cuando una marcha partidista esté llevándose a cabo y esté bloqueando calles en pleno ejercicio de la libertad de expresión y sus derechos?”, cuestionó el funcionario.
“Tan grave es que en una manifestación se violente contra el patrimonio de terceros como tan grave es que una autoridad violente los derechos de este manifestante cuando lo está haciendo de manera pacífica, ordenada, como lo marca la ley”, agregó el ombudsman estatal sobre las declaraciones de López Valdez.
Días después, nuevamente, el Gobernador Mario López Valdez justificó sus declaraciones anteriores y reconoció que las manifestaciones sociales en al entidad pueden incrementar, e incluso intensificarse con sucede en Guerrero, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal, por lo tanto aseguró que deben tomar medidas hacia las personas que realicen manifestaciones que provoquen desorden público.
“Como que la lumbre está muy cerca, pero yo estoy pensando que en otras entidades, incluido Sinaloa, no se está viviendo eso, entonces no nos dejemos espantar”, dijo Malova.
El mandatario insistió en que las manifestaciones en la entidad no deben violar los derechos de terceras personas y sostuvo que su gobierno actuará conforme al orden social.
En tanto, su Secretario de Gobernación reiteró que se dará cárcel a las personas que hagan bloqueos en calles y carreteras, sin embargo especificó que esto se hará después de la denuncia correspondiente.
Vargas Landeros señaló que se evitará que se realicen movilizaciones que interfieran con las actividades diarias de la ciudadanía.
SINEMBARGO.MX: http://www.sinembargo.mx/14-12-2014/1191800.