Malova enfrenta “crisis” en el Congreso por tema de hospitales

Culiacán, Sin.-Esta vez, como en otras ocasiones, el Congreso del Estado no tendió la alfombra roja para recibir una iniciativa del jefe del Ejecutivo Estatal. Diputados consultados aseguraron que el gobierno malovista ha carecido de interlocutores y cabildeo para promover su iniciativa.

Lo que hoy se vio en el Congreso con las comparecencias públicas de los secretarios de Estado fue una señal de los grupos de poder del Legislativo hacia la administración de Mario López Valdez, comentaron legisladores. Después de la pifica del 51 Bis (la ley mordaza), el Poder Legislativo quedó aturdido, tildado de ser sumisos a los designios “malovianos”.

Y es que los diputados dejaron sin argumentos suficientes que amparen la necesidad de aprobar más recursos públicos, comprometerlos por 25 años, a los secretarios Armado Villarreal Ibarra, y Ernesto Echeverría Aispuro, el primero titular de Administración y Finanzas, y el segundo de Salud del Estado, para la construcción de los nuevos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán.

Durante la comparecencia de hoy, no hubo ningún diputado que defendiera a cabalidad la propuesta del gobernador Mario López Valdez, que pretende dejar como garantía de pago a las empresas constructoras de ambos nosocomios el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), algo que se estima en más de 200 millones de pesos anuales.

Incluso, la legisladora del PRI, Sandra Lara Díaz, aseguró que de darse esta “garantía de pago” a las constructoras que ganaron la licitación pública, las empresas que perdieron el concurso podrían impugnar, por lo que de aprobarse la modificación que pide el Ejecutivo, se tendría que reponer el procedimiento de licitación.

En ese sentido, el coordinador parlamentario del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, señaló que si las empresas que obtuvieron el fallo del concurso participaron bajo las reglas de los actuales decretos, todo se debió prever en el procedimiento.

“Cómo es posible que se planee legalizar algo así, cuando no existe capacidad presupuestal, sobre todo porque la deuda implicaría 25 años”, comentó Cuen.

Las empresas que obtuvieron las licitaciones, cuyo fallo se dio el 9 de mayo pasado son: GIA+ A, S.A de C.V para el hospital general de Mazatlán; y Consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A de C.V, y Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN para el hospital general de Culiacán.

Ningún diputado accedió a la propuesta que trataban de vender Villarreal Ibarra y Echeverría Aispuro. Coincidían sí, en la necesidad de mejores hospitales. Discrepaban en la forma en que se harían los pagos a las empresas.

Los funcionarios malovistas no salieron bien parados. Al ser solicitado por la diputada Sandra Lara el anexo del Banco Nacional de Obras donde se pide la modificación de los decretos de la APP (obra de asociación pública privada), Villarreal Ibarra reveló algo que no se había dicho con claridad.

Y es que, explicó el secretario de finanzas, fue Banobras quien pidió a ambas empresas una garantía de pago, ello con la finalidad de otorgar el crédito particular para la obra pública que representa los hospitales. Es decir, Banobras no le pidió al Ejecutivo la modificación, sino a las empresas.

Por ello, los diputados del PRD, Imelda Castro Castro y Ramón Lucas Lizárraga, este último calificó como un contrato leonino el que pretende gobierno estatal con las empresas constructoras, pues se estaría gastando más recursos de los necesarios para la construcción y operación de los nosocomios.

Por más que Echeverría y Villarreal intentaron justificar los contratos, los cuales comprometen el presupuesto anual y los ingresos propios para las empresas, y además intenta endosar el 25 por ciento del FAFEF, al final ningún diputado expresó su apoyo total hacia el proyecto malovista, pues el ánimo en el Legislativo es que 1)No hay una justificación real para poner en “garantía” recursos de un fondo federal para infraestructura por 25 años, pues no hay claridad para ello.

Sin embargo, la moneda está en el aire. La iniciativa de modificación de los decretos está en el aire, y sólo con el aval de 27 diputados podría prosperar. El documento descansa actualmente en las comisiones de Salud y Hacienda, quienes tienen que elaborar un dictamen.

Martín Durán/La Pared

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