El narcotráfico caracteriza el entorno social de muchas ciudades y comunidades rurales en las entidades del país, particularmente en Sinaloa. Según el estudio nacional sobre las Fuentes y Orígenes y Factores que producen la violencia contra las mujeres, el cual fue entregado al Senado de la República, esta violencia asociada al crimen organizado y al narcotráfico se percibe tan naturalizada como la violencia de género, y afirma que los medios de comunicación tienen una responsabilidad central, al proyectar una imagen distorsionada de las mujeres como objeto sexual y reforzar su condición de sometimiento.
Culiacán, Sin.-En Sinaloa se encontró un importante número de casos que se perciben ligados al secuestro de mujeres para ser utilizadas en el narcotráfico, según el estudio nacional.
Es preocupante como ha crecido la trata de personas, la cual es un fenómeno que comienza a aparecer de manera más abierta en Baja California, particularmente en Tijuana y Sinaloa, pero se le reconoce en el resto de las entidades.
Señala que las desapariciones y “levantones”, además del asesinato de jóvenes mujeres se consideran una práctica cotidiana en todos los estados, principalmente en ciudades como Culiacán, San José del Cabo, Cabo San Lucas, Tijuana, y Nogales.
Este estudio detalla que el problema de los homicidios de mujeres en términos del crecimiento promedio que registran las tasas en los diversos municipios del país, y del efecto de contagio que este incremento implica para los municipios colindantes.
Culiacán entra en estos conglomerados de municipios afectados a los que se les identifica como hot-spots, es decir, como grupos de municipios contiguos geográficamente que registran una tasa de crecimiento de homicidios (y no necesariamente una tasa elevada de homicidios).
Sinaloa, con su capital se ubica en el 80 por ciento de los hot-spots además de Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Durango y Sonora; es decir, 10 entidades federativas concentran la inmensa mayoría de municipios con esta dinámica creciente de homicidios de mujeres y con contagio a los municipios aledaños.
“Es decir, estamos ante el hecho de que aquellos municipios que en 2001 tenían las tasas de homicidios de mujeres más bajas, vieron crecer estas tasas –en promedio– a una velocidad superior a la de los municipios que registraban tasas elevadas. Y, más grave aún, la tasa de convergencia del homicidio de mujeres es mayor que la tasa de convergencia del homicidio de hombres. La tendencia nacional es hacia una homogeneización de las tasas de homicidios de mujeres en todas las zonas del país”, indica el documento que se encuentra en poder de La Pared.
Para realizar este estudio se entrevistaron a jornaleras agrícolas de la entidad, así como de Baja California y Sonora, así como a especialistas en el tema y mujeres sobrevivientes de intento de feminicidio y familiares de víctimas de feminicidio.
También se recopiló la información de los principales diarios estatales en las cuatro entidades, con el objetivo de identificar los casos de asesinatos de mujeres y el tratamiento que daba la prensa a éstos y otros hechos de violencia contra las mujeres.
El periodo consultado fue de enero a diciembre de 2011.
En Sinaloa fue El Debate, para Baja California se examinó Frontera; en Baja California Sur El Sudcaliforniano; y en Sonora, El Imparcial y sus suplementos de Nogales y Ciudad Obregón, además de Entorno, diario que circula en Hermosillo y se especializa en la “nota roja”.
Ser mujer sinaloense, riesgo latente de morir asesinada
El hecho de que una mujer de entre 20 a 24 años viva en el noroeste del país, implica un riesgo 39 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de la misma edad que radique en el centro del país.
O bien, el riesgo de las mujeres de 55 a 59 años de edad de la zona Noroeste, es 91 veces superior al de las mujeres de la misma edad de la zona Centro; el riesgo de las mujeres de 25 a 29 años es 61 veces superior, y el de las de 45 a 49 años es 47 veces superior al de las mujeres de las mismas edades de la zona Centro.
Destaca que la violencia que viven las mujeres en el hogar es considerada el preludio de muchos asesinatos; se encontró una relación muy clara entre feminicidio y violencia de pareja o familiar.
La información recabada en la investigación sobre homicidios de mujeres revela que los homicidas, cuando son detenidos, son sus parejas, maridos, novios, amantes o ex.
De los resultados del trabajo empírico, se confirma que la violencia contra las mujeres representa un contínum: las mujeres viven y sufren múltiples formas de violencia a la vez.
Este intrincamiento de las modalidades y tipos de violencia es reforzado posteriormente por el entramado institucional, social, económico y cultural que parece funcionar para encerrar a las mujeres en un círculo de violencia e impedirles salir de él.
Por otra parte, el estudio da cuenta de la relación entre violencia criminal –provocada por el narcotráfico–, y la violencia contra las mujeres, aunque de manera diferenciada en cada estado.
Cifras de feminicidios no son confiables
En materia de feminicidio, no existen cifras confiables para conocer la verdadera dimensión del problema; las existentes son manejadas con secrecía por las instituciones públicas.
Las instituciones obligadas por la LGAMVLV (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) en las entidades no han cumplido con su atribución de integrar el banco de datos sobre feminicidio.
Mediante el seguimiento a las solicitudes de información, se encontró que éstas se turnan de una instancia a otra sin saber cuál es la responsable de generar y sistematizar la información.
La amplia definición de la LGAMVLV y de las leyes estatales no se refleja en los sistemas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres ni en los procesos de impartición de justicia.
En la práctica, la violencia feminicida es entendida como el hecho último del feminicidio y desconoce –o minimiza– el contexto y las implicaciones familiares y sociales que entraña; es decir, una historia de violencia previa al asesinato –o su intento– y un proceso posterior que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres cercanas a la víctima y una situación de riesgo y desolación para su familia.
Al final de cuentas se concluye que la ciudad no es un territorio de las mujeres, donde ellas circulen libremente.
Las mujeres viven múltiples formas de violencia en el espacio público, denominada comunitaria por la LGAMVLV.
Estas formas de violencia van desde simples toqueteos y agresiones físicas y verbales, pasando por abusos sexuales de todo tipo, hasta llegar al asesinato.
Es una violencia que no se reconoce y queda impune, porque no hay acciones ni programas ni políticas para prevenir ese daño, y tampoco una cultura que evite esas conductas.
No existe una tipificación del delito de violencia comunitaria que ni los gobiernos se enfocan a prevenirla. Aunado a ello, la infraestructura urbana no está pensada para evitar la violencia que viven las mujeres en las calles y demás espacios públicos.
Cynthia Valdez/La Pared