En tres años del autonombrado ‘gobierno del cambio’, sólo un funcionario del sexenio de Jesús Aguilar Padilla se encuentra recluido en prisión por un delito que habría cometido durante la administración pasada: Ricardo Fuentes Milán, ex director de Fiscalización. De ahí en adelante, incluyendo al ex secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos, con un auto de formal prisión encima, han obtenido dos clases de amparo: el judicial y el otro que da la complicidad, la impunidad…
Culiacán, Sin.-De los exfuncionarios denunciados por el gobierno de Mario López Valdez, señalados de cometer irregularidades durante el sexenio de Jesús Aguilar, el único que permanece en prisión es el ex director de Fiscalización, Ricardo Fuentes Milán.
La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas ha interpuesto una serie de denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia contra más de una docena de servidores públicos, a los que a algunos se les ha girado orden de aprehensión de parte de jueces locales.
Pero ningún otro más, salvo Fuentes Milán, ha pisado las rejas debido a amparos obtenidos o, simplemente, favorecidos por la impunidad.
El último que ha sido puesto en la picota de un proceso penal es Héctor Ponce Ramos, secretario de Salud durante cinco años del gobierno aguilarista.
Desde la campaña a la gobernatura del 2010, Ponce Ramos fue exhibido por miembros del Partido Acción Nacional y Revolución Democrática como un funcionario que se benefició de las arcas públicas. Le adjudicaron hasta una finca de varias hectáreas en Navolato, así como un derroche excesivo de recursos.
Sin embargo, el delito por el cual está sometido a proceso penal, “desempeño irregular de la función”, fue calificado por el procurador Marco Antonio Higuera Gómez como “no grave”, por lo que de ser encontrado culpable alcanzará fianza.
De hecho, el ex secretario logró un primer amparo, concedido por el Juez Cuarto de Distrito, para poder acudir a declarar ante el Juez Quinto del Ramo Penal sin que fuera aprehendido. Pagó una fianza de tan sólo cinco mil pesos.
El 10 de diciembre a Héctor Ponce se le dictó auto de formal prisión, pero la protección temporal que consiguió lo favoreció por lo que inició su proceso sin pisar la cárcel.
El 4 de enero pasado acudió de nuevo al Juez Cuarto de Distrito para interponer un nuevo amparo, ahora en contra de la formal prisión, y así poder anular el caso. El juez inició el expediente 8/2014, y en unos días más se determinará si echa abajo o no esta figura jurídica.
El caso de Salud, según dijo Yamuni, ya estaba denunciado desde el 2011. En noviembre de ese año Issac Lugo Ortega, exdirector Administrativo de la Secretaría de Salud, fue mandado llamar por la Procuraduría para rendir declaración. Todo parece indicar que fue por él que la averiguación previa contra Ponce Ramos prosperó.
El premio de un indiciado
A Luis Alfonso Morales Blancarte, subsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Aguilar, hasta ya le dieron una pensión vitalicia de 49 mil 262 pesos mensuales.
Después de dos años de haber sido aprobada su ‘megapensión’, el 11 de octubre de 2013 el Ejecutivo por fin publicó en el Periódico Oficial del Estado la disposición, por lo que a la siguiente quincena Morales Blancarte pudo cobrar su cheque de feliz jubilado, a pesar de ser otro de los “peces gordos” a los que se le intentó aplicar la espada de la justicia.
El exsubsecretario de Administración fue señalado junto con Fuentes Milán y el exdirector de Comercio Exterior, Marco Antonio Terrones Lozano del delito de peculado.
Se habló que fueron los presuntos responsables de desmantelar más de 200 unidades automotrices, lo que representaba un quebranto al erario público de 15 millones de pesos.
Sin embargo, Morales Blancarte y Terrones Lozano lograron ampararse de la orden de aprehensión que se les libró en el Juzgado Octavo del Ramo Penal, y nunca, hasta la fecha, han pisado la cárcel.
A Morales Blancarte también al igual que a Héctor Ponce se le dictó auto de formal prisión, pero el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, le otorgó la protección de la justicia federal en marzo del 2013.
Hoy en día su caso ha quedado en el limbo, sin una conclusión definitiva, aunque lo que asoma es el fuego fatuo en medio de la nada.
Otros cabos sueltos
Mientras los exfuncionarios aguilaristas ganan amparos con denuncias tan endebles que les ha impedido pisar el reclusorio, hay otros que ni siquiera han sido tocados.
Es el caso del ex secretario de Administración y Finanzas, Óscar Lara Aréchiga, quien fue incluido en el primer paquete de denuncias que presentó Juan Pablo Yamuni Robles, el tristemente célebre zar anticorrupción.
Lara Aréchiga recientemente renunció al puesto de subdirector de Conagua en Sinaloa, debido a problemas irreconciliables con el director, el cual tiene la línea de David López Guitiérrez, el Pecuni, brazo derecho del presidente Enrique Peña Nieto en materia de comunicación social.
En la concurrida comida de la finca Las Lichis, propiedad de la familia Salido Artola, los dueños de la cadena de diarios El Debate, Óscar Lara estuvo en la misma mesa que el gobernador Mario López Valdez, lo que levantó la suspicacia algunos sectores, que comenzaron a señalar que el aguilarista se iba de asesor de la administración de Malova.
Junto con Lara Aréchiga, otros integrantes del círculo de Aguilar Padilla fueron denunciados por la Unidad de Transparencia. Sin embargo, hasta el momento no ha trascendido de otras órdenes de aprehensión.
Caso Cobaes, el telón de fondo
Diferente caso fue el de las ex Tesorera del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Lucina Godínez Bastidas, y la ex jefa de Contabilidad, María de Jesús Vidales Cárdenas, que hasta el 2013 laboraron en la institución educativa.
Acusadas de obtener más de 8 millones de pesos con cheques apócrifos, ambas exfuncionarias fueron detenidas y puestas ante el juez que las reclamaba por peculado.
Sin embargo, ellas a diferencia el equipo aguilarista no se movían en las esferas políticas.
Por ello, Ramón Lucas Lizárraga, diputado del PRD, comentó que el combate a la corrupción en Sinaloa ha sido débilmente atendido por las autoridades.
“También no de manera adecuada es aplicada a la ley en término de la responsabilidad de los servidores públicos, hace falta hacer una serie de ajustes a las leyes, a los aparatos encargados de la investigación y de impartición de justicia”, señaló el legislador.
“El caso de Cobaes es solamente una muestra de lo que se puede encontrar en el ámbito de la administración pública estatal y de los municipios de irregularidades que se cometen en el manejo de los recursos”, puntualizó.
Dijo que en el resto de los casos no ha habido una concreción que permita a la sociedad generar la idea de que los responsables de los malos manejos sean castigados conforme a la ley.
Martín Durán/La Pared