Culiacán, Sin.- Las decisiones de Jacinto Pérez Gerardo al frente del Consejo Estatal Electoral no sólo han sido cuestionadas por la clase política y por la sociedad civil de Sinaloa, sino que estos señalamientos se ven reforzados por las sentencias del Tribunal Estatal Electoral: las decisiones más importantes durante la campaña han sido desechadas por el TEE y por el Trife.
El caso más destacable es el de Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, ambos candidatos a las alcaldías de Culiacán y Ahome por la coalición Transformemos Sinaloa, quienes fueron sancionados y tienen que pagar 150 mil y 191 mil pesos respectivamente; pero lo más grave de esto es que fue el mismo presidente del TEE, Jesús Iván Chávez Rangel, quien dijo que el CEE fue omiso al retrasar sobremanera este caso.
“Lo que hizo el consejo fue aplazar la decisión, no tomar una definición diciendo que se aplicara una sanción, o bien que no era de aplicarse una sanción, sino que, por la redacción (del acuerdo del CEE) que advertimos estamos llegando a la decisión de que lo que hubo fue un aplazamiento sobre qué sanción correspondería para los candidatos”, manifestó.
Esto sucedió el 27 de junio por la tarde, durante la sesión programada para ese día del órgano de justicia electoral, cuando horas antes se había anunciado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la lista plurinominal de la coalición Unidos Ganas Tú debía modificarse luego de que el Consejo Estatal Electoral no hubiera registrado la lista plurinominal acordada en un principio.
En dicha lista, la candidata Luisa Reyna Armenta Ruiz era desplazada de la posición 11 para a Horacio Lora Olivas, aun cuando ya existía un acuerdo para conceder dicha posición a la aspirante perredista.
Al no poder resolver favorablemente el CEE, el asunto fue llevado a la sala superior del Trife con sede en Guadalajara, la cual resolvió que la lista debía ser modificada y presentarse como se acordó en un principio.
Lo grave de todo esto no son sólo las faltas en las que pudieran incurrir los funcionarios, sino que la ley electoral no contempla ninguna sanción en caso de que sean ellos quienes estén violándola.
Multa injustificada
Otro caso más reciente fue el del candidato Óscar Valdez López, candidato a diputado por el distrito 12 abanderado por la coalición Transformemos Sinaloa a quien el órgano presidido por Jacinto Pérez pretendió imputarle una multa por 21 mil pesos al recibir una supuesta donación de 11 mil pesos para su campaña.
Sin embargo, el candidato explicó en su momento que hubo un error humano en una factura, y la mayoría de ese dinero era para la adquisición de camisetas y no para invertir directamente en gastos de campaña.
En este caso, el CEE no había hecho un análisis profundo de todos los elementos aportados por Valdez López en justificación de este ingreso, por lo que el tribunal le dio un nuevo revés a Jacinto Pérez, pidiéndole que examine de nueva cuenta el caso y tome un nuevo acuerdo, tomando en cuenta los elementos aportados por el aspirante a diputado.
Esta fue la última resolución del TEE previo a los cierres de campaña, pero el tribunal seguirá trabajando para recepcionar las modificaciones o quejas que surjan durante el proceso electoral.
Omisiones
Durante la contratación de la empresa que estará a cargo de la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, fue el diputado del Partido Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, quien indicó que la contratación de esta fue hecha por Jacinto Pérez Gerardo sin consultar al pleno del Consejo Estatal Electoral.
Al analizar esto, el consejero Andrés López Bojorques anunció que la Comisión de Administración anunció que se haría una revisión exhaustiva sobre los gatos que se generen y los resultados que arroje este programa para saber si Jacinto Pérez, a pesar de haber actuado de manera unilateral, tomó la decisión correcta.
La licitación para contratar a la empresa fue hecha por invitación, aun cuando la ley contempla que estas deben hacerse por convocatoria abierta, lo que provocó al Consejo poner los ojos sobre Pérez Gerardo.
Y fue el mismo Cárdenas Fonseca quien hizo uno de los señalamientos considerados como de los más graves: el consejo, en actos violatorios a la ley, no ha creado un órgano interno de control para la fiscalización del gasto del CEE.
Este debía crearse desde el periodo de gestión de Juliana Araujo Coronel, y desde 2011, año en que se establece su creación, a la fecha, nadie se ha preocupado por acatar la ley.
Inclusive, los nuevos consejeros declararon a los medios que desconocían esta disposición legal.
Elier Lizárraga/La Pared