Contraviniendo una y otra vez la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el Ayuntamiento de Guasave ha emitido desde el 2009 a la fecha un total de 38 acuerdos de reserva que, en opinión de Abraham Lugo Salazar, presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, no deben de existir.
Culiacán, Sin.-El Ayuntamiento de Guasave ha convertido su información en un “búnker” vedado a los ciudadanos. Desde la administración de Jesús Burgos Pinto hasta la de Miguel Ángel Robles Santillanes, pasando por la de Ramón Barajas López, la comuna ha emitido un total de 38 acuerdos de reserva de manera insólita, que impide a los ciudadanos conocer desde estados financieros hasta el nombre de los proveedores y los montos que se contratan en los bienes.
De acuerdo con lo publicado en el sitio web del Ayuntamiento de Guasave, el 28 de julio del 2012 el alcalde Ramón Barajas -actual diputado del PRI- firmó el documento que pretende sellar, por ocho años, la información referente a los estados financieros del municipio, bajo el argumento de que “es información relativa a los ingresos que pueda o pudo haber recibido una persona física o moral, y por lo tanto, al hacerlos públicos esos datos, se les expondría a ser víctimas de posibles delitos penales tales como extorsiones o secuestros”.
Además, asegura la reserva que al darse a conocer estos datos se puede deducir el flujo de capital de una persona física o moral, lo que puede generar una ventaja personal indebida en contra de ésta.
Este acuerdo ya implica una violación flagrante a la Ley de Acceso, pues el artículo 9 de esta legislación señala como información de carácter oficioso los “balances y estados financieros”.
El inciso g también establece como información pública, sin que medie solicitud de por medio:
“La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos”.
El acuerdo más reciente es el de fecha del 7 de mayo del 2013, cuando Miguel Ángel Robles Santillanes tomó el cargo tras la solicitud de licencia que pidió Barajas López para irse de diputado.
Por ocho años, sin tomar en cuenta que es información pública, el comuna pretende reservar toda información relativa “a nombre de proveedores, pago de proveedores y/o prestadores de servicios”.
Y para justificar la reserva, se plantearon los mismos términos que los estados financieros, alegando que quienes reciben recursos públicos podrían ser afectados por la delincuencia.
Sin embargo, nunca se presenta un estudio o estadística que detalle que tal hipótesis es real. Ni empresarios extorsionados ni receptores de recursos públicos secuestrados.
La retahíla de Chuy Burgos
Para no complicarse la vida, Jesús Burgos Pinto optó en el 2009 decretar 36 acuerdos de reserva para guardar información de la Secretaría del Ayuntamiento, de Seguridad Pública, Contraloría, Obras Públicas, Dirección de Ecología, Dirección de Salud, Tesorería Municipal y Oficialía Mayor.
Si bien algunos encuadran dentro de las hipótesis que establece la Ley relacionados con temas de seguridad y datos personales, hay otros que se exceden y tratan de quitar derechos a los ciudadanos.
Consultado sobre el tema, Abraham Lugo Salazar, presidente de la Ceaipes, comentó que ningún otro municipio tiene tantos acuerdos de reserva, y que siempre se les pide a los ayuntamientos no hacerlos, pues la reservas y confidencialidades ya se especifican en la legislación vigente.
De todas formas, la Ceaipes tiene la facultad de echar abajo los acuerdos, siempre y cuando se sostengan legalmente.
Burgos Pinto reservó desde archivos y expedientes, hasta cuentas de ahorro de los contribuyentes para la realización de obras públicas.
Por ejemplo, en cuanto a este tema, el ex alcalde (también diputado local por el PRI), reservó todo lo referente a las empresas que realizan las obras, todo lo que tenga que ver con los comités para la proyección de obra pública.
Los cuatro acuerdos expedidos por la Dirección de Obras Públicas van encaminados a reservar aparentemente los datos personales de los concursos de las obras, pero también impide conocer el uso de los recursos públicos que se invierten en ellas.
La tesorería municipal emitió tres acuerdos para reservar ocho años la cuenta pública del municipio, en tanto el Congreso del Estado no dé un dictamen, cosa que ya prevé la ley de la materia.
También se reservó esta dependencia la información relativa al “análisis de cotizaciones internas necesarias, y que sirven de base a las adquisiciones del municipio”. Algo totalmente irregular porque la ley establece que todo lo que tenga que ver con el ejercicio de recurso público es público, y si algún documento contiene información reservada o confidencial, se tendrá que elaborar una versión pública de los datos.
Por último, la Oficialía mayor elaboró un acuerdo para evitar que la nómina del Ayuntamiento se entregue a los ciudadanos, cuando se tratan de recursos públicos también.
Ni Gobierno del Estado ha reservado tanto
En los más de 10 años que tiene vigente la Ley de Acceso en Sinaloa, ninguna entidad había emitido tantos acuerdos de reserva de información como Guasave.
El Gobierno del Estado ha decretado hasta el momento seis acuerdos de este tipo que impide acceder a información considerada como clasificada o reservada por un periodo de tiempo.
Dos de los acuerdos son en materia de seguridad pública, otro de la Secretaría General de Gobierno, otro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, referente a los controles de confianza, uno de la Procuraduría General de Justicia, que sella la información considerada confidencial y por último el de Proyectos Estratégicos, emitido para impedir -en teoría- fuga de información de seguridad sobre el gasoducto.
Sin embargo, el acuerdo del SESP sobre controles de confianza la Ceaipes ya se pronunció en el sentido que no procede la reserva, aunque olímpicamente acreditó la confidencialidad de los controles de confianza.
Por Martín Durán