Apellidos como Imaz, Murillo Karam y Góngora Pimentel volcaron la atención pública sobre la realidad violenta de las mujeres en México. Un país en el que, según la ONU, es más peligroso ser mujer que ser soldado en Gaza
México, D.F.-En las últimas semanas, dos casos sacudieron la conciencia de los mexicanos. Llegaron a las primeras planas de los periódicos.
Involucraron a apellidos como Imaz, Murillo Karam, y Góngora Pimentel. Ambos fueron criticados, reportados, comentados y abordados en mesas de discusión.
Los dos tienen una cosa en común: la justicia mexicana no hizo lo propio y en cambio los mismos involucrados, ante la presión social y mediática, se retractaron o simplemente llegaron a acuerdos extrajudiciales.
Otro caso también conmocionó la opinión pública, aunque no involucra políticos.
Hace un par de meses Darcy, de 20 años, que trabajaba en una heladería en la delegación Benito Juárez, fue asesinada a golpes por un exnovio celoso que la acosó y amenazó durante semanas después de que ella lo dejara.
Hay tres historias que tienen en común la violencia de género en México: Alexia Imaz, hija del director del Cisen; Ana María Orozco, la expareja del exministro Genaro Góngora Pimentel; y de Darcy Losada. Todas recientes.
Casos paradójicos en donde a veces sí importa de quién seas hijo, nieto, o esposa para que la impunidad prevalezca para castigar al culpable, y al final, no pasa nada.
Justicia pareja, pero depende a quién se juzgue
Desde la tribuna de la ALDF, el PRD presentó un punto de acuerdo para asentar si en el caso Góngora hubo procesos irregulares, tráfico de influencias y violación de los derechos humanos
La diputada local del PRD Ariadna Montiel Reyes, presentó un punto de acuerdo que solicita revisar los actos relacionados con la pensión alimentaria de los dos hijos del exmagistrado Genaro Góngora y la investigación del proceso jurídico que resultó en la prisión de su exesposa Ana María Orozco.
En las Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se solicitó formalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), Édgar Elías Azar, que ordene una revisión a fondo del proceso que enfrenta Orozco, en la denuncia penal que presentó en su contra expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel.
Los hechos cuestionados ponen de manifiesto el tráfico de influencias que utilizó el ministro retirado que, con un sueldo de 345 mil pesos mensuales comprobados, disminuyó la pensión alimenticia a su familia del 35 por ciento que marca la ley y había sido ya aprobado, a 50 mil pesos.
El acuerdo que presentó ante el pleno la legisladora pide al TSJDF información sobre los procedimientos para otorgar a los peritos de diferentes especialidades el registro, particularmente los encargados de los casos de maltrato a menores, relacionado en el caso de Góngora.
La diputada advirtió sobre la relevancia que tienen sus dictámenes en las decisiones de los jueces, por lo que pidió además una lista de los peritos registrados, sus competencias y los casos en los que su opinión ha influido.
Agregó que en el caso de Góngora se pone de manifiesto en el máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia, la corrupción y tráfico de influencias.
“El tráfico de influencias y la corrupción, fenómenos que lastiman a la sociedad mexicana, deben ser desterrados de una vez y para siempre, con mayor razón cuando son perpetrados directa o indirectamente por quien representa a la justicia, por quien la ha impartido a lo largo de su vida profesional, o por quien con la Constitución bajo el brazo deja caer el peso de la ley sobre una sola persona”, dijo la legisladora perredista Montiel Reyes.
Y citó las estadísticas que comprueban que en México, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos se originan en el Estado, el Ejército, las dependencias de seguridad, y los ministerios públicos.
El exministro todopoderoso
En cuestión de días, otro caso salió a la luz.
Una investigación periodística reveló que el exministro Genaro Góngora Pimentel utilizó influencias en el sistema judicial para encarcelar a su expareja, Ana María Orozco Castillo, con quien tuvo dos hijos, por un presunto fraude luego de que ella presentara una demanda de pensión alimenticia para sus dos hijos.
El también expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Góngora Pimentel, no sólo impugnó la demanda, sino que también reclamó la patria potestad de los menores, David y Ulises, acusando a María Orozco de maltrato.
Después de publicado el caso por Carmen Aristegui en MVS Noticias, una vez más se contagió la indignación social por la supuesta injusticia y tráfico de influencias, en las redes sociales y la opinión pública.
La noticia adquirió amplia cobertura mediática y escándalo, mismo que llevaron al ministro retirado a hacer una declaración pública mediante una carta enviada a Aristegui en la que reconoció “haberse dejado llevar por emociones de desconcierto”.
Pero aclaró, “nunca he faltado a mi deber de padre o a mis hijos, siempre he estado al pendiente de sus necesidades emocionales, físicas, y materiales”.
Marta Orozco Castillo, hasta ayer permanecía en la cárcel cumpliendo una condena por fraude por hasta 11 años. Se le acusa de que puso a su nombre una casa que Góngora dejó a los dos niños.
Ana María Orozco aseguró en una entrevista que su expareja había utilizado una vez sus influencias para solicitar un peritaje “urgente” por el supuesto maltrato infantil de Orozco hacia sus hijos de 7 y 5 años.
Después del escándalo mediático en donde se puso de manifiesto el proceder de Góngora Pimentel, el exministro, después de disculparse ofreció desistirse de la acción penal que mantiene contra Ana María Orozco Castillo.
Reporte Índigo