CULIACÁN, Sin.-Grupos organizados de la sociedad civil y cámaras empresariales exigieron al Congreso del Estado que no aprueben los cuestionados proyectos de hospitales generales en Sinaloa, y al Gobierno de Mario López Valdez pidieron que declaren nulas las licitaciones que ganaron las empresas de Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gérard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari.
Integrantes de Coparmex, del Parlamento Ciudadano y Congreso Abierto indicaron en conferencia de prensa que tras una búsqueda de información llegaron a la conclusión que no se justifica plenamente la pertinencia de los dos hospitales nuevos.
“Las políticas nacionales de salud y el Plan Integral de Salud de Sinaloa 2014, proponen invertir más en prevención y en mejoramiento y aprovechamiento de la infraestructura ya existente, quen la creación de nueva infraestructura, y menos cuando es a tan alto costo”, señala el posicionamiento.
Desde diciembre, la Coparmex así como Congreso Abierto pidieron a los diputados claridad en los proyectos, y desde entonces comenzaron a plantear la necesidad de echar atrás las licitaciones.
Los puntos concluyentes de los empresarios y grupos sociales señalan:
– De construirse ambos hospitales para cerrar los actuales, de acuerdo a los proyectos ya aprobados por el Congreso del Estado, tendríamos en Sinaloa un incremento total de solo 20 camas de hospital, a un costo inmenso: cercano a los 14 mil millones de pesos.
– Las licitaciones que se hicieron para los dos nuevos hospitales fueron muy cuestionadas por algunos de los participantes. Pero además, el incremento de garantías que propone el gobierno del Estado, en fecha posterior a la licitación, violaría los principios de imparcialidad e igualdad de condiciones para los concursantes, y el artículo 53 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa, lo cual dejaría muy vulnerable la licitación a demandas de dichos concursantes.
– El Decreto que plantea la modificación de las garantías hace además una modificación preocupante en el caso de los recursos que se utilizarán para pagar a los constructores, al cambiar la frase “los recursos no presupuestales” por “todos los recursos autogenerados, presentes y futuros”.
– Al ser estos los primeros contratos de asociación público-privada en Sinaloa, es muy importante darles las mejores condiciones para su correcto desarrollo, sin poner en juego el futuro de este esquema para la construcción de infraestructura pública.
– La información sobre los proyectos que fue proporcionada por el Gobierno de Sinaloa no permite claridad técnica ni financiera suficiente para brindar certidumbre en los Contratos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo está todo el proceso.
– Con la información disponible podemos concluir que, como están planeados, los hospitales costaríancerca del doble y del triple de lo que costaría construir un hospital privado, generan gastos mucho mayores y representan serios riesgos jurídicos y financieros para el estado de Sinaloa.
– Los proyectos aprobados se basan en que los ingresos de los hospitales se incrementen de inmediato: 375% para Culiacán y 935% para Mazatlán, por sobre lo que actualmente ingresanlos hospitales generales que pretenden sustituir, lo que resulta una sobreestimación exagerada, poco realista y fuera de proporción para ambos proyectos. ¿Cuánto se pretende cobrar a los usuarios de los servicios para poder llegar a esos niveles de ingresos en los nuevos hospitales?
– Este rubro es el que hace viable o inviable el proyecto. Los ingresos están exageradamentesobreestimados, ni en un escenario ultra optimista se plantearían en un proyecto de negocios. Pareciera que se parte de la cantidad necesaria de ingresos propios para hacer que las cifras del proyecto cuadren.
– Pero además, los proyectos contemplan que el gasto anual de los nuevos hospitales en los rubros pago a proveedores y pago a personal médico, se incrementarían un 48% para Culiacán (de 424 a 626.5 mdp) y un69% para Mazatlán (de 261 a 440.24 mdp). Estos incrementos harían que el gasto operativo anual de ambos hospitales pasara de 685 a 1,066 millones 760 mil pesos, un aumento del 56%, (381 millones 760 mil pesos).
– La situación financiera mundial, caracteriazda por el bajo crecimiento de las economías, de precios del petróleo y otras commodities a la baja, generanincertidumbre sobre las aportaciones futuras delgobierno federal, que tendría menos recursos para estados y municipios, lo que puede mermar los recursos disponibles para Sinaloa.
– Nos parece incorrecto hipotecar durante veinticuatro años un presupuesto tan grande, que a final de cuentas es dinero público, del pueblo, de todos nosotros, en proyectos que se han manejado sin claridad, que generan tantas dudas y que, a final de cuentas, no aumentarán el número de hospitales que tenemos en Sinaloa.
– Con estos proyectos se corre el riesgo de maniatarpor 24 años los presupuestos de la Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa, limitando seriamente sus opciones para hacer frente a otros compromisos, necesarios para la salud y el bienestar de los sinaloenses.
Por todas estas razones, solicitamos respetuosa pero firmemente lo siguiente:
Al Congreso del Estado:
1. Que no se apruebe el Decreto que modifica los Decretos 976 y 977, y se evite la ampliación de las garantías en los proyectos de construcción de los dos nuevos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán.
Al Gobierno del Estado de Sinaloa:
1. Que se declaren nulas las licitaciones ya aprobadas de los dos nuevos hospitales generales del estado de Sinaloa. Que se cancelen procesos que son y se sienten opacos y se repongan de una manera transparente y participativa.
2. Que se replantee desde su origen el proyecto de construcción de los dos nuevos hospitales generales, revisando la pertinencia de los proyectos en el marco de las premisas del Diagnóstico de Salud 2013, del Plan Integral de Salud 2014, y de las políticas de salud pública del Gobierno de México.
Reiteramos que los motivos de nuestra participación son:
1. Nuestra preocupación por la salud de los sinaloenses.
2. Nuestro deseo de que las finanzas públicas del Estado de Sinaloa se manejen de manera sana y abierta.
3. Y nuestro deseo de que los ciudadanos sinaloenses vean que en nuestro Estado sí es posible hacer obra pública dentro de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.