El tufo de los presuntos culpables

Extramuros

De nueva cuenta, la Procuraduría General de Justicia insistió en caer en la sospecha de que a un inculpado de un caso polémico se le torturó y coaccionó para confesarse culpable.

Cada vez, la institución del ministerio público, encabezado por el procurador Marco Antonio Higuera Gómez es más cuestionada por su actuar en el fondo de las investigaciones, al cometer un sinnúmero de supuestos atropellos a la legalidad.

La defensa de Juan Carlos Cristerna Fitch ya ha mostrado documentos que tratan de acreditar la golpiza que el joven, presunto autor material del asesinato de la maestra Perla Lizeth Vega Medina, recibió a diestra y siniestra la primera y segunda vez que fue detenido.

Si logra hacerlo, sería un importante revés al caso, construido sobre los vulnerables andamiajes de una confesión que Cristerna Fitch hizo pública ante los arremolinados medios de comunicación, y festinaron cada una de las palabras que salió de la boca del detenido, con el comandante Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuy Toño, a un lado.

Si lo que la Procuraduría y la Policía Ministerial tratan de defender es la legalidad, deberían comenzar por evitar esas ruidosas presentaciones mediáticas, que lo único que hacen a la postre es crear un tribunal mediático que lincha al detenido y hace que la sociedad de polarice, perdiéndose la objetividad que un caso tan delicado debería llevar.

¿En qué contribuye a la legalidad que un detenido sea sentado como si fuera a dar una conferencia de prensa para decir que él es culpable?

Nunca, por ningún motivo, una declaración pública de esa naturaleza es válida para un juez ni para un ministerio público. Si no consta en autos, no sirve al proceso. Pero el asunto es que si el caso se polariza socialmente, es difícil que un juez suelte al inculpado.

Pero esta serie de yerros de la Procuraduría han sido aprovechados  como escaparate por los familiares del inculpado, que ya están convocando a manifestaciones públicas para exigir claridad y justicia en el caso.

Ya la familia de la víctima, los Vega Medina, salieron a decir que la declaración de inocencia del detenido son falsas.

El caso desde el principio fue enredado no por otra cosa sino por la ineptitud de las autoridades, que pretendía fabricar culpables, pero ante la imposibilidad de ser tan obvio, prefirieron soltar al que ya tenían de chivo expiatorio.

Recuerdo con el arresto de Genovevo, tío de Perla, que un colega se me lanzó encima al señalar que él era el culpable, que una hermana de la víctima le había pagado 20 mil pesos para matarla por supuestos líos de falda.

Esa maravillosa hipótesis no había sido inventada por el colega, sino alguien de la institución se la había filtrado, creando la pantomima de que si Perla fue asesinada fue porque se lo buscó.

Así actúa la Procuraduría, desacreditando la víctima para no investigar y caer en omisiones que más tarde se convierte en una averiguación previa reservada y por ende, resuelta para el procurador.

La Procuraduría no pude negar que siempre supo dónde estaba Juan Carlos, porque en el amparo que perdió estaba su dirección para recibir notificaciones en La Paz y Los Cabos. Eso fue hasta octubre pasado, en que el juez federal le dijo un sobreseído a su demanda.

Sea lo que sea, este es otro caso empañado con la duda. Es seguro que el lunes el juez séptimo dictará el auto de formal prisión, es seguro que ambas familias defenderán su posición.

Lo que no es seguro y no es una certeza tampoco, es por qué la Procuraduría ha sido omisa con los detalles de la invstigación, ni tampoco por qué no se ha dicho que la víctima empezaba a tener una relación sentimental con un funcionario de alto nivel de Gobierno del Estado. Ya hay voces de la administración que aseguran que todo este embrollo viene de intentar cuidarle las espaldas a este funcionario. No lo sabemos, y lo dejamos sólo para apuntalar más aristas de un caso que por lo pronto seguirá viviendo en la polémica.

Martín Durán/La Pared