Culiacán, Sin.-Después de dos años de haber sido solicitado, el Ayuntamiento de Culiacán por fin entregó los convenios firmados entre el Gobierno del Estado y la Comuna, y entre éste y la empresa de Juan Manuel Ley, en donde estimula que el nuevo estadio de beisbol estará en “manos privadas” y podrá disponer del nuevo nombre.
Así lo externó Bersaí Osuna Enciso, abogado del colectivo de líderes sociales que mantienen un juicio de amparo para revertir la entrega del Ángel Flores.
“Ustedes pueden ver en la cláusula primera (del convenio) cómo se le está entregando el estadio, y además este tipo de privatización está prohida por la ley”, comentó OsunaEnciso.
Dijo que en la cláusula segunda el Ayuntamiento se compromete a entregarle licencias, autorizaciones, permisos y todo tipo de concesiones necesarias para la construcción y operación del estadio existente y del que se construye.
Los convenios
Tanto Bersaí Osuna como el abogado Jesús Estrada Ferreiro argumentaron que los convenios signados habían sido ocultados por el Ayuntamiento, en una muestra clara que trataban de esconder los principales lineamientos de construcción como de presunta privatización del inmueble.
De acuerdo con el documento, entregado al Juez de Distrito que lleva el caso, la cláusula tercera señala que la empresa Promotora de Deportes y Espectáculos, S.A de C.V. es la que invertirá sólo 75 millones de pesos en equipamiento del nuevo estadio, y que este gasto lo tendrá que acreditar ante la comuna por medio de facturas.
Por tal motivo, señala el documento, la cláusula Quinta refiere que como compensación por la inversión de 75 millones, el Ayuntamiento pacta con la empresa del Chino Ley no pagar “derechos, impuestos, contribución o contraprestación alguna por actos realizados al amparo del presente convenio”.
Es decir, a Juan Manuel Ley es lo que le costó, por decirlo de alguna forma, el contrato: los 75 millones de pesos que tiene como obligación acreditar en el equipamiento del nuevo estadio.
La cláusula Décima establece que el particular podrá disponer del nuevo nombre del estadio, es decir si se queda el mismo o es cambiado.
Todo esto es en una concesión que durará 25 años, concluyendo en el año de 2037.
“Esto implica millones y millones de ganancias para el particular”, detalló Osuna Enciso.
Por otro lado, el Gobierno del Estado fue el que aportó 305 millones de pesos para la construcción de la obra civil, de los cuales 230 millones son recursos federales.
Por ello, dice el convenio entre Ayuntamiento y Gobierno, la obra tendrá que ser licitada conforme lo estable la Ley de Obras Públicas de Sinaloa.
Sin embargo, explicaron los abogados, hasta ahora durante el juicio de amparo no se ha podido acreditar que la obra se haya llevado a concurso de licitación.
“No hay ningún documento en el expediente que diga que se llevó a cabo la licitación a pesar de que se establece por haber recursos federales”, comentaron.
Demolición detenida
Los abogados puntualizaron que mientras el juicio no concluya el estadio Ángel Flores no podrá ser demolido, aunque aseguraron que ya han realizado cambios que violan la primera resolución del juez de distrito.
Martín Durán/La Pared