Culiacán, Sin.- Aunque recientemente el gobernador Mario López Valdez firmó un decreto de austeridad, lo cierto es que no se han adoptado medidas para acatarlo en su administración, pues tan sólo en el pago de rentas para bodegas y oficinas, la administración estatal gasta 56 millones de pesos, casi el doble de lo que se gastaba durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla.
El monto ha venido ascendiendo desde 2005, cuando inició su periodo el entonces gobernador Jesús Aguilar; por aquellas fechas se pagaban apenas 29 millones, llegando a los 56 millones durante 2012.
Según la solicitud de acceso a la información pública con folio 00043713, expedida a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, para enero de 2013 ya se habían pagado más de 5 millones de pesos, aunque el año pasado se inauguró el centro de logística, el cual representaría un ahorro de cuatro millones de pesos y vendría a representar un ahorro de 4 millones en el uso de bodegas.
El uso que se le da a todos los inmuebles por los cuales se pagan mensualidades que van desde los 3 mil 500 hasta los 600 mil pesos, son para bodegas de papelería, oficinas de diversas dependencias, o bien para instalaciones del Ministerio Público.
Los más solicitados
Tan sólo en el periodo de 2013 se le pagaron ya 690 mil pesos a la empresa Macroventas en General SA de CV, para rentar el llamado centro logístico, que no es otra cosa que una bodega de grandes dimensiones destinada para la acumulación de documentos.
Es de destacar también el Centro Integral de Procuración de Justicia, ubicado en Culiacán, por el cual se pagará más de un millón de pesos a la empresa Inversiones Inmobiliarias del Fuerte.
Asimismo se encuentran las oficinas del Ministerio Público y la Suprocuraduría Regional de la Zona Centro, por lo que ya se pagaron 418 mil pesos sólo en enero a Planes Inmobiliarios SA de CV.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra en la misma situación, para el cual se erogan desde el gobierno 277 mil pesos al mes, a Piero Soluciones Totales SA de CV.
Pero no sólo es a empresas a quienes se les paga, pues también particulares como Juan Manuel Félix Barraza, empresario harinero de Sinaloa, quien recibe 290 mil pesos mensualmente por las oficinas de la Secretaría de Turismo, en Mazatlán.
Las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública son arrendadas por Efraín Cortez López, que no es otro que el presidente del consejo consultivo de la Fundación Produce AC.
En Ahome, la administración estatal destina más de 50 mil pesos para la renta de diversas oficinas del Ministerio Púbico y la Policía Ministerial del Estado a Beatriz Careaga Hays, sólo por mencionar algunos.
Más oficinas
En 2004, la administración de Juan Millán Lizárraga firmó un convenio con OEI Inmobiliaria SA de CV para el arrendamiento de las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales, con lo cual la administración quedó obligada a pagar dos millones de pesos mensualmente durante los siguientes 10 años.
Esto equivale a un total de 240 millones de pesos, teniendo vigencia desde el 1 de septiembre de dicho año.
Para la continuación de la prestación de estos servicios, la administración estatal debería informar a la arrendadora si desea prolongar la utilización de dicho inmueble, el cual es de uso de la ciudadanía para diversos trámites estatales así como el pago de impuestos.
El pago debería realizarse únicamente durante el primer año de arrendamiento, pero Gobierno del Estado debe destinar los recursos que no se pagarán del segundo al sexto año para la construcción de nuevas vialidades cercanas al inmueble.
Elier Lizárraga/La Pared