Diputados sinaloenses no sólo ganan buen sueldo, también esconden su patrimonio

La transparencia no es una prerrogativa de los ciudadanos ni de los gobernantes, sino un derecho que se tiene que ejercer. No es un mecanismo para joderle la vida a los políticos, ni para que éstos y sus técnicos busquen resquicios legales para esconder información pública, sino sencillamente es ejercitarse en el manejo de la administración pública sin dudas y sin velos de opacidad.

La práctica señala que un gobierno entre más transparente, entre más cuentas rinde a sus gobernados, es más eficiente para la sociedad, los ciudadanos aprenden a escrutar con conocimiento de causa a quien ejerce el poder en un sistema que se dice democrático. Y en una sociedad tener información es estar armado para tomar decisiones.

La transparencia no fue una dádiva de nuestros políticos, ni del expresidente Vicente Fox ni del exgobernador sinaloense Juan S. Millán. Aunque en el discurso quieran colgarse la medalla, en realidad la Ley de Acceso a la Información Pública, tanto la local como la federal, es un logro de las sociedades mundiales y de los organismos que le prestan dinero a México. Que les haya tocado a estos gobernantes presentarla, no fue porque ellos así lo quisieran, sino porque se vino gestando desde que nuestra nación firma acuerdos internacionales.

La Ley de Acceso que tenemos no es perfecta, desde luego. Es más, se trata de una legislación muy blanda, pero que poco a poco más ciudadanos aprenden a hacer uso de ella. Y como cada vez los ciudadanos utilizan más esta herramienta, también nuestros políticos cada vez se especializan más en ocultar o reservar información.

Los diputados “opacos”

En un ejercicio de transparencia realizada por este su sitio web La Pared, a propósito de un reportaje que publicó el diario Noroeste, se les solicitó a los 40 diputados que ya están a punto de irse la versión pública de sus declaraciones patrimoniales correspondientes al 2011, presentada al inicio de su gestión, la de 2012 y 2013, que sería la última que estarían realizando (se van sin pena ni gloria, pero con mucha pena este diciembre próximo).

El órgano de Control Interno del Congreso del Estado simplemente decidió, sin siquiera justificar legalmente, porqué se trata de información confidencial. Al responder la solicitud vía Infomex, el funcionario del área aseguró que no se puede entregar las documentales en “los términos de la Ley de Acceso…” ¿? Ajá, y uno se chupa el dedo.

Como el lector debe saber, el último párrafo del artículo 112 la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial el 13 de abril del 2011, advierte que la declaración patrimonial de un servidor público se puede publicar siempre y cuando se cuente con la previa autorización de la persona.

Esto es lo que no pudo justificar el Congreso, el área de acceso pues. Si bien la LAIPES señala en su artículo 22 Bis que el patrimonio embona dentro de los “datos personales” que no son susceptibles de ser públicos, el artículo 22 precisa que cuando en un documento hay información pública e información reservada y confidencial, se hará una “versión pública”, testando los datos no públicos.

Es decir, los diputados primero, si debemos creerle a la respuesta que ofreció Control Interno del Congreso a La Pared, no dieron el “permiso” de que su patrimonio de haga público. Sabemos que al final del formato de la situación patrimonial se les deja la opción de hacer público o no la información que consignan, en atención al párrafo citado de la Ley de Responsabilidades.

Entonces debemos determinar que ninguno de los 40 diputados aceptaron hacer público su patrimonio, ni siquiera una triste versión pública de lo que en casi tres años han engrosado de sus “negocios” o, en su defecto, se han empobrecido.

Si hasta ahora el tema de las declaraciones patrimoniales es de voluntad, ¿por qué esconder la información? ¿A qué le tienen miedo?

Platicando hace poco con Juan Pablo Yamuni Robles, el flamante jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, decía que es el miedo de los funcionarios de ser víctimas de la delincuencia, al revelar cuánto tienen y qué tienen.

“Ya sabes cómo están los secuestros”, más o menos me dijo,

“¿Y también Chuy Toño tiene miedo que lo secuestren?”, le pregunté.

Hasta ahora no se ha documentado ni un sólo caso en el país de un secuestro contra un servidor público por haber revelado su situación patrimonial. Los argumentos de seguridad son patrañas. Sencillamente, como la Ley no lo mandata, se niegan. Si pudieran hacerlo también escondieran los sueldos. Porque, ¿no le parece escandaloso que los diputados sinaloenses sean los que ocupan el segundo lugar en lo que perciben? Sólo están por debajo de los legisladores de Guanajuato, que ganan 138 mil pesos, mientras que los de aquí 132 mil pesos.

Y si sabemos este descomunal dato es porque la LAIPES los obliga, no porque quieran hacerlo público. Entonces, como lo dijimos al principio, la transparencia no es una prerrogativa.

Los alcaldes transparentes

En un reportaje de investigación que se publicará en días próximos, amén que desde esta semana insistiremos con el tema del acceso a la información, La Pared replicó el mismo ejercicio en los 18 alcaldes sinaloenses. Aunque faltan algunos por responder, le adelantamos al hipotético lector que hubo munícipes que nos entregaron toda la información sin chistar. Incluso más allá de lo solicitado (cosa que va en contra de la Ley misma, pero desde luego no haremos mal uso de los datos personales), y hubo alcaldes que, hasta risa da, elaboraron las más diversas justificaciones para impedir que los ciudadanos se enteren qué es lo que tienen. Y es que surge aquella vieja sospecha de que el que esconde algo… ¿qué será?

Un atlas de riesgo privado

¿Porqué un atlas de riesgo es información reservada? ¿Por qué a tantos días del desastre que asoló muchos sectores de Culiacán el municipio no ha mostrado el atlas de riesgo digital que se pagó con recursos públicos? Hay muchas preguntas alrededor de este sencillo tema que nadie ha contestado… ni contestará.

Por Martín Durán

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