Datos personales versus información pública, el talón de Aquiles de los medios

De héroes y villanos

Es difícil para los periodistas, sobre todo para los de nota roja, respetar la legislación en materia de protección de datos personales; más lo es a veces comprender el ámbito de los derechos humanos.

Y es que desgraciadamente los periodistas ignoramos a las víctimas, los derechos que tienen, y bajo el curioso argumento de que denunciamos hechos ilegales, caemos en la irresponsabilidad de no proteger la información que por ley es confidencial.

Por otro lado, cuando se trata de pelear por información pública, que incluso por ley es oficiosa, como todo lo que tiene que ver con recursos públicos y la ejecución de políticas públicas emanadas del ámbito gubernamental, no sabemos defender nuestro derecho como ciudadano para acceder a esos datos. Gran contracción.

Sin embargo, la conclusión es sencilla: en el gremio periodístico no hay una preparación, mucho menos una preocupación por profundizar en la materia legal para así fundamentar todo aquello que debe entrar a la palestra pública. No hay una discusión, no hay un debate serio sobre estos tópicos, y a la mayoría de los directivos no les importa que sus reporteros sepan distinguir entre lo público y lo privado. Es más, rara vez se inquietan si saben o no reportear. Les dan una libreta, una grabadora, y los mandan a la calle a recoger notas.

El periodismo en Sinaloa, como en otras regiones (hablo de lo que conozco), se aprende de manera empírica, no en las universidades. Los jóvenes así lo absorben, y repiten los mismos esquemas que nuestros maestros de la calle aprendieron de jóvenes.

No digo que está mal practicado ni que se ejerce de una modo irresponsable. Es bueno descubrir el oficio de la misma manera en que los que nos lo enseñaron lo hicieron: olfateando, observando, suspicacia a parte.

Pero ya las formas, conforme los nuevos tiempos, deben estar cambiando hacia un periodismo ejercido con responsabilidad en el ámbito de las leyes establecidas, sin ampararnos en que la sociedad quiere enterarse de cosas que son “interesantes”.

Por ejemplo, en lo personal he criticado notas seudoperiodísticas como: “Niño embaraza a su maestra”. Cuando se lee la información de manera detenida, las fuentes de las que emana la información son vagas, imprecisas, y no dan una verdadera certeza al lector.

Casos recientes hay muchos. Comentamos en este espacio el tema de las cuentas de Twitter y Facebook de Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael Zambada García, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados por Estados Unidos.

Medios nacionales e internacionales, sin corroborarlo con ninguna fuente, ni siquiera extraoficial, se dejaron llevar por la emoción de encontrar fotos impactantes y comentarios en estas redes sociales y sin ningún empacho publicaron cientos de notas dando como real todo lo que ahí aparecía y se decía.

Pero ahora el abogado del joven declaró a los medios que dichas cuentas son falsas. Tampoco hay que confiar tanto en ello, ya sabemos, pero mientras nadie lo compruebe, lo que procede es que el desmentido echa abajo momentáneamente lo que muchos dieron por hecho.

Sobre todo en las notas más escandalosas y que buscan crear en el lector un efecto instantáneo de asombro, las fuentes de las que abrevan dejan mucho que desear.

Otro caso que causó asombro en Sinaloa fue el de la denuncia de un padre de familia en el sentido en que su hija su agredida sexualmente por pequeños de 11 años en un colegio privado.

Sin verificar más fuentes, la prensa publicó el asunto con la versión del padre de familia, obviamente molesto y lleno de impotencia, pero con ello sobrevino una avalancha de desinformación, de “dimes y diretes”, como bien lo dijo la periodista Lydia Cacho, que lo único que se provocó su doble victimizar a las víctimas.

Este caso da no sólo para el ámbito de los derechos humanos, sino para el de protección de datos personales. Hubo medios que escudándose en que no acusaban publicaron información personal de algunos de los padres involucrados, creando el efecto de que si el caso estaba impune era por tráfico de influencias. Otros publicaron hasta comentarios en redes sociales donde se culpaba al padre de la pequeña… Se centraron, pues, en el chismorreo que en la seriedad del asunto, y que en este caso era proteger a las víctimas, no sólo a la niña, sino a los pequeños.

Otro caso que me llamó la atención fue la publicación, en un titular, de que una menor asesinada a balazos era de una determinada religión, en una flagrante contravención a la ley de acceso a la información, que protege en todo momento las creencias de las personas, rasgos físicos y grupo racial o social.

¿Cambia el sentido del caso por pertenecer a un grupo religioso? Claro que no. Es la forma oblicua en que los periodistas tratan de doble victimizar a las víctimas, o dar una pista falta del móvil del homicidio, como decir que una mujer era divorciada, crea un efecto inmediato en el lector que asocia la muerte con el hecho de la separación de la pareja… Y viene la reflexión anodina: “La mató su ex”.

Ejemplos como este abundan en la prensa, que tiende a prejuciar y maximizar las inculpaciones sin que todavía ningún juez diga lo contrario. El caso conocido como “el violador del Centro”, en referencia a las violaciones en serie, ocurridas durante 2010 en Culiacán, no dejó las huellas profundas en los medios como para cambiar la forma de hacer periodismo.

Al exhibir a un joven acusado de estos delitos se linchó en el patíbulo mediático a alguien que su única culpa fue caer en manos de los malos policías que nunca investigaron de manera adecuada. Antes de que algún ministerio público fincara algún cargo, el joven fue sentenciado en lo público, y más tarde, ya en libertad, fue encontrado asesinado.

En los círculos de periodista se ha dicho, aquí en Sinaloa, que falta una profesionalización, cosa que es verdad, pero no se podrá llevar a cabo no porque los dueños de medios no quieran, sino porque más allá de todo es una actitud que cada reportero debe asumir con respecto a su oficio.

Nos preocupa demasiado “dar la nota”, movidos por la inercia -bella paradoja- de las redacciones que exigen la cacería de datos muchas veces irrelevantes, pero necesarios para llenar las planas.

Y bajo ese mismo argumento muchos periodistas suelen ampararse en que si no fundamentan legalmente su información, sobre toda la sensible, es que nos volvemos productores de espectáculos de linchamiento social, generadores de morbo, vouyerismo y más prejuicios, que de por sí ya tenemos demasiados en la realidad como para ser provocadores.

Nos falta autocrítica y un metaperiodismo para encontrar los caminos hacia playas de respeto a la ley. En lo personal no me siento excluido de todo lo aquí expuesto, pero como lo primero es empezar por reconocer la enfermedad…

La muerte de mujeres en Sinaloa

A vuelo de pájaro, según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia, más de 50 por ciento de crímenes contra mujeres se vinculan con la presunta rivalidad delincuencial. Esto quiere decir, no tanto que las mujeres sean narcas -aunque de hecho las hay-, sino que viven en el contexto del narcotráfico: tienen a sus parejas que son mafiosos, sus familias son mafiosas, etc, y esto las vuelve vulnerables, las pone en situación de riesgo. La violencia, si lo vemos fríamente, es algo cultural. En Sinaloa esta cultura tiene décadas de que fermentó. Si bien muchos feminicidios son consecuencia de la violencia intrafamiliar común, también al interior de la mafia la violencia intrafamiliar desencadena muertes. Debemos, pues, hacer un análisis profundo de todo este tópico, que ya de por sí vivimos en un estado crítico.

Por Martín Durán

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