Mientras que en México Dámaso López Núñez era exonerado de una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos preparaba una acusación formal ante la Corte de Distrito Este de Virginia por los mismos delitos cometidos, según los fiscales, junto con cuatro socios incluidos en el expediente judicial. Se trata, dice el documento oficial, de una red organizada de tráfico cocaína que pasa por Perú, Panamá, México hasta alcanzar la frontera.
México.- Un año antes de ser absuelto de una orden de aprehensión girada por un juez federal del Estado de México, en noviembre del 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenía sellada una acusación ante una corte de distrito de Virginia al sinaloense que desde hace años ocupa un lugar predominante en la organización que comanda Joaquín “el Chapo” Guzmán.
El 23 de noviembre del 2011, la Corte Este de Virginia admitió y selló la acusación formal contra Dámaso López Núñez y cuatro integrantes más de su organización, por los cargos de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y su importación a Estados Unidos, así como conspiración para realizar lavado de dinero, obteniendo una ganancia neta calculada en 280 millones de dólares.
(Un año después de estos señalamientos el Juez Cuarto de Distrito con sede en Culiacán dejó sin sustancia el mandamiento judicial librado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca a petición de la PGR, bajo la causa 88/2009, iniciada tras la detención de dos mujeres y dos hombres en las colonias Las Quintas y Las Vegas (Lea nota aquí).)
De acuerdo con el expediente CR-558, del cual La Pared tiene una copia, en la misma causa penal están involucrados Felipe Zurita Cruz, alias “Daniel García Cordero”, detenido por la Armada de México en la colonia Urías de Mazatlán el 7 de enero del 2011.
El segundo coacusado es Raúl Rosales Sáenz, señalado además por las autoridades de Perú como uno de los hombres dedicados al trasiego de cocaína vía marítima. Otro es un sujeto identificado sólo con el mote de “El Gordo”, y por último uno de los dirigentes pesqueros de Mazatlán identificado como Jaime Alberto López Gutiérrez.
Los cinco acusados son parte, alegan los documentos, de realizar traslados de cocaína desde Perú, Panamá, México hasta introducirlos en territorio de Estados Unidos.
Una vez que la Fiscalía General armó el caso contra los sinaloenses, la Drug Enforcement Administration (DEA) pidió a la Corte sellar los documentos en virtud de que “una revelación prematura de los cargos podría causar que los acusados huyan a países de los cuales hay menos probabilidades de extradición”.
Sin embargo, el pasado 7 de marzo la Corte del Distrito Este de Virginia tuvo que desclasificar los documentos debido a que las leyes señalan que cuando se solicita a un gobierno extranjero la extradición de supuestos criminales toda acusación debe ser pública.
De hecho, el gobierno estadounidense a través de la embajada en México ya tiene solicitadas las cinco órdenes de extradición, que un Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales tiene que hacer efectivas en las respectivas órdenes de aprehensión con fines de extradición.
La acusación
Los documentos señalan que desde el 2007 la DEA ha investigado una red de transportación de cocaína con sede en Perú y con conexiones en Panamá y México hasta Estados Unidos.
La primera noticia pública sobre esta red del cártel de Sinaloa salió a la luz en Perú, en septiembre del 2010, más de un año después del aseguramiento del buque Polar I, capturado con una tripulación de cinco sinaloenses en aguas internacionales.
El diario La República indicó que Raúl Rosales Sáenz comandaba la tripulación del buque factoría Tláloc, que después de recorrer puertos chilenos llegó en diciembre del 2009 al puerto de Ilo, en Perú.
Un mes después de su arribo, narra el diario, Rosales Sáenz pidió a las autoridades portuarias permanecer a media milla e Ilo mientras se llevaban a cabo reparaciones en el barco.
En Perú, Rosales Sáenz fue relacionado con Jorge Lizárraga Osuna, un empresario mazatleco dueño de una naviera señalada por la DEA de prestar servicios al cártel de Sinaloa para la transportación de droga sudamericana.
El rotativo peruano señaló que Lizárraga Osuna tuvo un par de encuentros en ese país con Rosales Sáenz.
“Según registros de la Dirección de Migraciones, Lizárraga Osuna llegó en un vuelo comercial de COPA procedente de Panamá el pasado 3 de marzo, y luego de su encuentro con el jefe de la tripulación, se fue el 5 de ese mes a Colombia.”
“Los encuentros tuvieron lugar en el Crowne Plaza Lima en Miraflores y luego en el aeropuerto internacional Jorge Chávez antes que partiera Lizárraga con su esposa e hija en un vuelo de Taca a Colombia.”
“Según la DEA, maneja las operaciones de compra-venta de embarcaciones para evitar el seguimiento del registro de barcos y justificar los traslados de litoral a México, Panamá y Perú”.
Caso Polar I (paréntesis)
El 12 de febrero del 2009, la Guardia Costera de Estados Unidos capturó el buque Polar 1 con cinco tripulantes originarios de Sinaloa.
La embarcación fue ubicada a 764 millas náuticas de México, en aguas internacionales, con casi siete toneladas de cocaína ocultas en paquetes finamente confeccionados.
Un año más tarde, en mayo del 2010, el diario Reforma publicó que a partir de las investigaciones originadas por la captura del Polar 1, la Armada de México y la SIEDO descubrieron que el cártel de Sinaloa tenía infiltradas ocho capitanías de puerto y había utilizado 28 buques para el trasiego de droga desde Sudamérica.
El reporte de inteligencia señalaba que las capitanías de puerto de Mazatlán y Topolobampo eran usadas para el traslado de los embarques de cocaína a través del Océano Pacífico.
Detención de Felipe
La familia de Felipe Zurita Cruz se llegó a quejar que no era narcotraficante, pues ni siquiera tenía dinero para pagar el recibo del agua.
Sin embargo, este hombre fue ubicado por la Marina como presunto operador del “Chapo” Guzmán, y el 6 de enero fue por él a la colonia Urías de Mazatlán.
La versión oficial de su captura señala que Zurita Cruz contaba con una orden de aprehensión dictada por un juez federal, y que fue detenido cuando circulaba a bordo de un vehículo por una de las calles de la Urías .
En el comunicado la Armada indicaba que Felipe tenía posibles vínculos con los aseguramientos de cocaína realizados a bordo de los buques “Caracol III” y “Juan Alejandro” en septiembre de 2008, y “Polar I” en febrero de 2009.
En esa época le habían sido cateadas algunas propiedades en la colonia Gabriel Leyva de Mazatlán, así como en cooperativas ubicadas en el fraccionamiento Playa Sur, El Cid, colonia 21 de Mayo, Casa Redonda, entre otras.
Felipe Zurita fue considerado como uno de los principales artífices de la red de tráfico vía marítima.
Aunque la detención de este personaje ocurrió a principios del 2011, la Corte de Virginia señaló que no se encontraba bajo custodia, así como ninguno de los otros coacusados, incluyendo a Dámaso López.
Martín Durán/La Pared