Estas madres de familia se han convertido en las investigadoras de su propio caso, e incluso, si es necesario, se apoyan entre ellas mismas. Ante la omisión criminal e indiferencia institucional de la Procuraduría General de Justicia, de sus ministerios públicos y sus presuntos investigadores, ellas decidieron salir a la calle y rastrear las pistas que las lleven al reencuentro con sus seres queridos.
Culiacán, Sin.-Eva Luz Llanes, cada día, durante ocho meses, no ha dejado de preguntar, de buscar, de visitar semefos y de peregrinar a las agencias del ministerio público.
No ha dejado de investigar por su cuenta, venciendo el miedo a los usurpadores de la alegría, a esos hombres que la noche del 6 de junio del 2013 se llevaron a su hijo en cuatro supuestas patrullas policiacas cuando estaban en un convivio en la colonia Villa Verde.
“Como madre creo que nos volvemos investigadores, andamos ahí como investigando, preguntando, pues en realidad lo llevamos a las autoridades para que nos apoyen”, comenta la madre del arquitecto Martín Guadalupe Camacho Llanes.
Es jueves 12 de febrero. Eva Luz acudió en compañía de familiares y amigos a la explanada de Palacio de Gobierno para recordarle al gobernador Mario López Valdez que no ha cumplido con investigar los casos de desapariciones forzadas.
Aquí a un lado, sosteniendo una pancarta similar, esta Sandra Luz Hernández, madre de Édgar, quien cumple dos años desaparecido.
Enseguida está doña Alma Rosa Rojo Medina, que lleva ya más de cuatro años en la búsqueda de su hermano y, por enésima vez, se siente engañada por la Procuraduría General de Justicia, que le practicó pruebas de ADN a dos cadáveres para tratar de identificar a su hermano Miguel Ángel, de quien no tiene noticias desde julio del 2009.
Las cinco familias quisieron venir hoy para conmemorar los dos años de la desaparición de Édgar García Hernández, y para recordarle al gobierno que no han cumplido con la promesa de crear una unidad especial para investigar desapariciones forzadas, un compromiso hecho por Malova y el procurador Jesús Murillo Karam.
“Ya tenemos tipificado el delito de desaparición forzada, pero ¿de qué ha servido? ¿Para que nos indemnicen? No, ¿para que lo investiguen? Tampoco. Si antes nos decían que no existía esa figura, ahora que ya está es peor, es doble el engaño al que nos someten”, suelta con amargura Alma Rosa, con la voz apretada, pero con esos ojos que todavía destilan dulzura.
Las investigadoras peregrinas
“Siempre nos dicen lo mismo, que están trabajando, que siguen trabajando y mi hijo ya va para ocho meses desaparecido”, dice lacónicamente Eva Luz.
Martín Guadalupe es arquitecto, tras graduarse de la Universidad entró a laborar a la Comisión Constructora de Sinaloa, Cocosin, pero al término del sexenio de Jesús Aguilar, al desaparecer la paraestatal, se quedó sin trabajo.
Entonces, recuerda su madre, comenzó a trabajar por su cuenta. Era un muchacho tranquilo, dice, el cual tenía cinco años ejerciendo su profesión.
La historia del peregrinar de Eva Luz comenzó inmediatamente después del secuestro de su hijo, quien se encontraba en compañía de dos amigos, Saúl Morales Domínguez, estudiante de refrigeración en Cecati, y el mecánico Luis Armando Corvera Miranda.
En un domicilio, los tres jóvenes convivían cuando irrumpieron supuestos policías a bordo de camionetas que los testigos de “levantón” advierten eran patrullas sin logotipos.
“No puedo decir a qué corporación pertenecían, sólo sabemos que eran camionetas patrullas, no sabemos si eran del grupo élite, de la municipal o de la ministerial”, señala la madre de Martín.
Recuerda que en cuanto se enteraron de la privación de la libertad corrieron a las comandancias policiacas a buscar a los jóvenes, pero en todas les dijeron lo mismo: que no estaban detenidos.
Desde entonces no ha parado de molestar a las autoridades exigiendo su derecho a la procuración de justicia.
“Yo siempre estoy llendo a las agencias, siempre ando preguntando”, repite y sus palabras salen atropelladas, pero sin caer en la desesperación:
“Queremos saber dónde está, que nos lo regrese, yo le pido a las personas que se lo llevaron que me lo den, no me importa quién se lo llevó y porqué, lo que quiero es que mi hijo esté de vuelta.
Por ocho meses, la madre de familia que hoy mira hacia el Tercer Piso de Palacio de Gobierno ha recorrido fosas, forenses y agencias del ministerio público en busca de pistas, de datos que la lleven a reencontrarse con su hijo.
Pero no está sola, aquí a su lado están Sandra, Alma Rosa y otras dos familias con personas desaparecidas. Las acompaña Óscar Loza Ochoa, integrante de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos.
–A mí me interesa el caso de ella, como a ella le interesa el caso mío, y así como ella quiere que se investigue mi caso, yo también quiero que se investigue el suyo –le dice Sandra Luz al director de Gobierno Raúl Pérez Miranda, que trata de ofrecerles un paliativo: una nueva reunión con el director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.
–Ese grupo especial tiene que ser hablado con el director de la Ministerial –comenta Pérez Miranda.
Pues sí. Esta vez, como cada que vienen a Palacio, se van sin tener una audiencia con Malova o con otro alto funcionario, regresando a casa para el siguiente día volver a buscar pistas, datos.
Martín Durán/La Pared