Controles de confianza, hacia una transparencia y mejor legalidad

Sin duda alguna, el tema de los controles de confianza en Sinaloa siempre han causado recelo y reticencia no sólo en la ciudadanía, sino también en quienes son sometidos a ellos. Son polémicos porque a pesar de los filtros las corporaciones no llegan a un nivel de saneamiento que uno busca. Lo son porque no son absolutos. Y ya se ha demostrado que son falibles. Y a pesar de que en ocasiones han sido descalificados por las propias autoridades, hasta el momento es el único método para oxigenar el aparato de seguridad pública tanto en el estado como en el país.

En Sinaloa la polémica ha implosionado algunas veces en el terreno mediático, una de ellas fue cuando la Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública reveló que miles de policías de a pie, incluyendo a comandantes, fueron calificados por estas evaluaciones como “no aptos”, ya que la certificación nacional, por acuerdos tomados en el 2008, exige por ley que todos los elementos, desde el más alto mando hasta la mayoría de los administrativos, se sometan a la prueba.

Después de saber que muchos elementos no lograron pasar, por decirlo así, el examen, vino la revelación que hizo este diario digital en el sentido en que el director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, fue uno de los que no aprobaron la evaluación. La ‘bomba’ mediática, en realidad, sobrevino porque desde que fue incluido en el gabinete de seguridad, “Chuy Toño” causó polémica.

¿Qué tiene el comandante Íñiguez, si tiene ganas de trabajar, él ya fue exonerado?, me cuestionó una vez Genaro García Castro, cuando buscábamos información sobre el jefe policiaco.

“Es que es un personaje, y siempre será polémico”, le respondí.

Pues sí, el hecho de que no haya aprobado el control de confianza en 2011 causó revuelo. Ya se dice por ahí que se sometió de nuevo al examen y que ya lo pasó. Veremos.

Pero el tema que queremos plantear en esta ocasión es sobre la pertinencia de transparentar los resultados de los controles de confianza, información hasta el momento clasificada como confidencial en Sinaloa, y aunque a nivel nacional ya el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos personales ha resuelto que es información pública, la mayoría de las dependencias de seguridad siguen renuentes a aceptar transparentar los resultados de idoneidad.

El recurso de revisión que resolvió el IFAI en la primavera pasada, y que derivó de la entrega de los resultados de siete mandos sinaloenses, incluyendo a “Chuy Toño”, establece que tal información tiene como finalidad la obligación legal para ocupar un cargo.

“La publicidad del resultado de “apto” y “no apto”, en relación con los servidores públicos evaluados, da cuenta de la idoneidad de estos para ocupar los puestos correspondientes dentro del sistema de seguridad pública del estado de Sinaloa, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tal y como se desprende de la normatividad aplicable”, precisa el expediente RDA-4256/12, y que puede consultarse en el sito web del IFAI.

Incluso, detalla más adelante, la publicidad de esta información “contribuiría a transparentar la gestión pública”, ya que se estaría dando a conocer la idoneidad de los servidores públicos, así como su desempeño, permitiendo así evaluar la actuación de los mismos, “con lo cual se estaría dando cumplimiento a los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.”

Además, el IFAI determinó que la difusión de los resultados no pone en riesgo ni violenta ninguna ley pues la finalidad de los controles de confianza es tener un dato concreto que acredite como eficiente o no al servidor público.

En ese sentido, pues, el órgano garante indicó que el resto de la información contenida en los expedientes de las evaluaciones sí son confidenciales pues se trata de un proceso en donde se recaban datos personales, cosa en lo que estamos de acuerdo, pues se trata de un proceso que implican evaluaciones sicológicas, sicométricas, toxicológicas y poligráficas.

El caso sinaloense

En Sinaloa aún no se ha resuelto la disyuntiva. El 8 de diciembre del 2010, el SESP publicó en el Periódico Oficial el acuerdo de reserva 02/2010 que clasifica no nada más el proceso que implica todo el expediente que se genera, sino los resultados de las evaluaciones.

El artículo 1 del acuerdo señala que quedan clasificados “exámenes, evaluaciones, investigaciones, resultados, expedientes, estadísticas y demás documentos de los procesos de evaluación de control de confianza”.

En el estado, a la fecha, desde que entró en vigor la Ley de Acceso, Gobierno del Estado ha generado seis acuerdos de reserva, sobre todo en temas de seguridad.

El último de ellos fue el referente al gasoducto, que fue publicado hace poco más de un año en el POE.

Si bien es cierto que el IFAI razonó favorable a la transparentación de esta información, este acuerdo en Sinaloa impide que los datos se abran y puedan difundirse.

¿Pero se podrá replicar el mismo ejercicio, si decimos primero que el IFAI invocó a la Carta Magna para desclasificar estos documentos, y si aquí tenemos una ley de acceso similar a la federal?

El caso ya está en manos de la CEAIPES, que tendrá la última palabra para observar si procede o no la clasificación de marras a la que hacemos alusión.

Para ello, La Pared hizo el ejercicio de transparencia al solicitar a diversos sujetos obligados los resultados de los 18 mandos policiacos de los municipios.

Lo que se trata de demostrar aquí es precisamente la conclusión de los comisionados del IFAI, que razonan que al revelar esta información se abona a la legalidad y a la transparencia en los cuerpos de seguridad, respondiendo así a los preceptos consagrados en la Constitución y a los ordenamientos que rigen el actuar de los servidores públicos.

No se trata de una descalificación a priori. Si bien, como lo manifestó Ernesto Villanueva, entrevistado sobre el tema tras la conferencia de “Declaraciones Patrimoniales#, lo que de verdad se necesita en este tema es “la redefinición de los controles de confianza, la profesionalización de quienes lo aplican, así como la imparcialidad de quienes tienen la responsabilidad de llevarlos a cabo”.

Es decir, Villanueva propone que se apliquen en las universidades, por personal académico, y no por personal emanado de las mismas instituciones que pretenden sanear, pues se presta muchas veces a la discrecionalidad.

Y en Culiacán hay que recordar el caso de Carlos Ontiveros Salas, ex secretario de Seguridad Pública Municial, acusado de utilizar los controles de confianza como un mecanismo de represión a los empleados que disentían de su política de seguridad.

En fin, el tema a debatir.

Atlas de riesgo de Culiacán

Este martes La Pared obtuvo el atlas de riesgo digital a través de acceso a la información. “No hay nada irregular”, me dijo la persona que me lo entregó en la Unidad de Enlace del Ayuntamiento.

El caso es que, coincidimos, este documento no tenía por qué estar tan poco a la mano de los habitantes del municipio. Esperemos que sea actualizado y que la ciudadanía acceda a él para que verifique para dónde se va a vivir, y si le conviene invertir su patrimonio en una zona de riesgo. Más adelante hablaremos de este tema.

La cultura de la negación

Vino ayer Rafael Tovar y Teresa, titular de Conaculta, a inaugurar el Festival de Cultura y a firmar un convenio con el estado en esta materia. Vino también a decir que desconocía del posible recorte al tema cultura en el presupuesto de egresos del 2014 que ha propuesto Enrique Peña Nieto. Esperemos, pues, que la nota publicada en La Jornada haya sido puro blof.

Por Martín Durán

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