Culiacán, Sin.-Desde el viernes 18 de septiembre, el Congreso del Estado recibió los documentos complementarios que justifican la modificación de los decretos 796 y 797 enviada por el Ejecutivo para dar garantías con recursos federales a las constructoras de los dos hospitales nuevos.
Sin embargo, estos informes fueron guardados con celo por los diputados de las comisiones de Hacienda y Salud, encargadas para elaborar el dictamen para dar luz verde a la iniciativa del gobernador Mario López Valdez, pues no fueron dado a conocer públicamente bajo el argumento de que se encuentran en análisis.
Y es que hoy por la tarde sesionaron en privado estas dos comisiones en compañía del diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política y del panista Francisco Solano Urías, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo.
Durante la sesión de las comisiones unidas, la primera con los documentos entregados de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de Salud, acudió sólo un periodista del diario Noroeste, que fue atendido por unos minutos por los diputados Hernández Chávez y Óscar Valdez López, presidente de la Comisión de Hacienda.
Para ello, tuvieron que suspender momentáneamente la reunión, pues le explicaron al reportero que no podía estar dentro de la misma mientras se llevaba a cabo.
Chuquiqui explicó que los documentos de Banobras, parte nodal que justifica la asignación del 25 por ciento del FAFEF, fondo de aportación federal para infraestructura, apenas está en análisis, y por ello no se puede hacer público.
Lo mismo para la corrida financiera, necesaria para obtener el costo real de la construcción de ambos nosocomios.
Y a pesar de que a mediodía Chuquiqui manifestó que el Congreso mantiene una posición de transparencia, lo cierto es que los dos documentos esenciales para conocer el fondo de la iniciativa del Ejecutivo se mantiene bajo reserva.
La Pared consultó a tres legisladores presentes en la reunión, pero indicaron que los documentos al parecer no serían entregados sino hasta que las comisiones unidades emitan un juicio.
La iniciativa de Malova para modificar los decretos 976 y 977 plantea la necesidad de comprometer por 25 años el 25 por ciento de los recursos federales del Fafef, como garantía de fuente de pago a las dos empresas ganadoras de la licitación pública para la edificación de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán.
El concurso fue ganado por las empresas Prodemex, del multimillonario Olegario Vázquez Raña, y GIA, de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Martín Durán
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