El segundo de los seis puntos solicitados por el Consejo Nacional de Huelga que llevó a cabo el mitin del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fue la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que en términos prácticos, para los mexicanos de aquellos años, limitaba la libertad de expresión y de manera disimulaba criminalizaba a todo aquel que protestaba y se reunía con tal fin.
45 años después, con el retorno a la Presidencia del partido que una vez fue hegemónico, y que hoy en día pretenderá en los próximos años lo mismo, arropados en una farsa de democracia, las cosas poco han cambiado en cuanto a la libertad de protesta. El artículo se derogó, pero las manifestaciones de los ciudadanos siguen incomodando al poder en turno.
Desde luego, hoy es diferente pero las formas de represión suelen ser a veces más sutiles pero efectivas. No se ha llegado a la censura de las redes sociales, hasta ahora lo más libre que puede haber en el mundo, ni tampoco los escaparates de la red, que sirven de plataforma para que aquellos que buscan formas de expresarse lo hagan.
El Estado todavía no ha dejado de criminalizar la protesta, y si bien lo que ha ocurrido el 1 de diciembre tras la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, y lo sucedido en la víspera de su Primer Informe, así como los despropósitos de los ejércitos del gobierno contra los profesores de la CNTE no se igualan a la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, sutilmente el mensaje que se ha empezado a enviar con el desalojo del Zócalo en la antesala del grito de Peña, es que nadie protestará más allá de lo permitido.
Como ayer, hoy es necesario la defensa de la libertad de expresión, consagrada en el artículo 6 de nuestra Constitución, y que cada gobernante debería asumir como propia, como suya, como parte de sí misma y de su ejercicio gubernamental, pero ya se ve que es una de las libertades más volátiles por la sencilla razón que el Poder no gusta de conocer de las opiniones críticas del Otro. Nada malo pasa en mi gobierno, más que el golpeteo que mis enemigos políticos hacen, el ruido que mis contrarios lanzan a la fosa, los extraviados de mi razón.
En Sinaloa, para no ir más lejos, ocurren dos casos. El primero y que está durando años es el que sucede en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde prácticamente para criticar a las autoridades y al extra-rector Héctor Melesio Cuen Ojeda tienes que ser disidente y tener una vocación para que tu contrato sea rescindido (ya volvió a las andadas Alfonso Carlos Ontiveros Salas).
En la UAS, prácticamente a la disidencia se le aplastó, se le borró y se les exhibió como unos pillos vividores. Como eran unos saqueadores, según Cuen, fueron expulsados, pisó callos, y metió en cintura a los fascinerosos; como si este discurso no fuera el de la intolerancia total, que tuvo su cenit con el acuerdo del Consejo Universitario de sancionar a todo aquel que critique a las autoridades universitarias.
Por más que el actual rector formal, Juan Eulogio Guerra Liera o Cuen Ojeda insistan en que al interior de la Universidad hay un ambiente de crítica, democracia y debate, no lo hay, y en particular quien esto escribe ha retado a universitarios a subirse a la tribuna y lo primero que sueltan es que si lo hacen pueden sufrir un descalabro.
La otra vertiente en Sinaloa es la figura que ocupa el gobernador Mario López Valdez, cuya frase dicha en semanas pasadas tras la huelga desatada en el ISIC “Por qué tienen la mala costumbre de protestar”, es francamente un esperpento por donde asoma la intolerancia.
Y es que se ha visto que a Malova le disgustan las manifestaciones, y reiteradamente ha revelado su posición en contra de que los ciudadanos protesten tomando las calles y mostrando pancartas en edificios gubernamentales.
En otros sitios del estado debe ocurrir casos similares, pero los ayuntamientos son casi siempre más insondables por la sencilla razón del foco mediático.
Salvar la libertad de expresión es fundamental, y sobre todo ejercerla. No se trata de descalificar a priori todo, pero sí tener el ojo vigilante y la conciencia crítica. Las dictaduras se forjan en el silencio y en la complicidad. Los hechos del pasado, como el 2 de octubre, deben de servir precisamente para reivindicar derechos, que poco a poco los ciudadanos hemos ganado, y no porque el Estado por sí solo haya querido proveer.
Vida de Luis F. Molina
Es curioso que ayer en el marco de los Festejos del 482 Aniversario de Culiacán, durante la disertación de la conferencia sobre la vida del arquitecto Luis Felipe Molina, quien hizo los trazos durante el porfiriato de la ciudad de Culiacán, haya salido a colación el tema de las inundaciones que provocó el huracán “Manuel”.
El añoso arquitecto, aseguran los historiadores, visionario, tuvo la capacidad de vislumbrar que el río podría ocasionar inundaciones y tomó las debidas prevenciones para no colapsar la naciente capital.
Es decir, la historia nos sigue dando enseñanzas que no hemos querido aprender, favoreciendo a los más ricos y perjudicando a los más jodidos, ¿o no, Fincamex?
El absurdo
Ya ha pasado más días del huracán “Manuel”. Y todavía no encuentro una explicación convincente de por qué chingados el Atlas de Riesgo de Culiacán, cuyo costo en 2011 fue de casi tres millones de pesos, es información a la que los ciudadanos NO pueden acceder. Nadie, por lo visto, quiere explicar nada. Culiacán está de pie, es lo único que importa, claro.
Por Martín Durán