De héroes y villanos
Es lógico que pase de bajo perfil. Que no levante “olas”. Que no haga ruido. Por eso ni se toma la molestia de informar a los medios cuando hay sesión del Pleno, cuando resuelven un asunto importante. A la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa ni siquiera le interesa boletinar los casos relevantes que trata, que le llegan en tumulto a su oficina ubicada por el Pedro Infante.
Simplemente no figura en la vida pública, en el centro de la discusión en materia de transparencia, y por más que una entidad pública sea omisa con entregar información, por más que la opacidad funde su reino al interior de la función pública en Sinaloa, la Ceaipes sólo argumenta que no “tiene dientes”, que los diputados no han pasado las reformas a la Ley de Acceso. Y el montón de expedientes que se acumulan sin ser difundidos para que la ciudadanía se entere quiénes son los gobiernos más opacos. No. No exhibe ni muerde ni nada. Machotes expeditos que simulan razones aparentes.
Convertido en Oficialía de Partes, el órgano garante en Sinaloa se queda corto. Tal pareciera que a sus comisionados integrantes sólo les importa guardar las formas, cumplir con una legislación anacrónica porque así conviene a sus intereses.
¿Un órgano proactivo? ¿Dónde? ¿A quién le sirve?
La última resolución en materia de control de confianza desnuda a una institución carente de fuerza y que da ejemplo que pesa más la ilusión de conservar el puesto que dar sustento a un tema tan polémico como engorroso para el gobierno.
¿Pero cómo no? Si la elección de los comisionados se da a través del Congreso, en una terna que propone el Ejecutivo, a solicitud de “instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales”, que en realidad nunca existen más que para cumplir el requisito legal de la Ley de marras.
Para nadie es un secreto que el anterior comisionado presidente de la Ceaipes era Alfonso Páez Álvarez, y que ahora es otro comisionado, y que ahora está Abraham Lugo Salazar, “el falso licenciado”, como lo llamó Ernesto Villanueva en su artículo semanal publicado en el diario Noroeste el lunes pasado.
(Cito: El falso licenciado José Abraham Lugo Salazar, presidente de la CEAIPES, sin el menor pudor sigue anteponiéndose el “Lic.” en el portal de ese órgano. Si el presidente miente sobre él mismo ¿alguien en su sano juicio cree que la CEAIPES podría promover la transparencia que no práctica? )
Es decir, ¿en la Ceaipes cada comisionado se turna la presidencia cada siete años? ¿Cómo confiar en un órgano de transparencia que no da certeza al ciudadano?
Contrario al IFAI, que publicita todas sus resoluciones, la Ceaipes sólo las publica en su sitio web, que apenas cualquier despistado ingresa. ¿Por qué? ¿Falta de presupuesto? ¿Falta de ganas?
En Sinaloa, al que viola la Ley de Acceso en repetidas ocasiones no le pasa nada. Y el órgano garente sólo hace resoluciones de a mentis, como la payasada de pedirle a los diputados sus declaraciones patrimoniales con todos los datos testados.
En este momento, cualquier comisionado podrá levantar la ceja, y disentir del comentario, pero, ¿de verdad cumplen este órgano con la función de vigilar que se cumpla la Ley, así gris como es y agazapado? ¿Tienen elementos para decir que no son sólo una oficialía de partes en donde le dan trámites a solicitudes y plantean resoluciones que si se cumplen o no, nada pasa?
Otra del IFAI
En la última resolución sobre controles de confianza que hizo el IFAI, le pidió al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no se hiciera el omiso, y que por Ley debe tener la información de los servidores públicos de los 31 estados y el Distrito Federal, ya que la dependencia declaró inexistentes los datos solicitados. Casi lo regaña, pues. Y le ordenó hacer una búsqueda exhaustiva al sujeto obligado, pues el análisis de los reglamentos y leyes señalan que el SNSP debe tener la información solicitada. Con güevos, pues, esos que le faltan a los comisionados de Sinaloa.
Un eslabón perdido
La reciente muerte del dueño del taller mecánico Mega 2000 de Los Pinos, que en el 2008 se convirtió en el escenario de una de las masacres más sangrientas de la guerra entre los cárteles, se convierte en la pérdida de uno de los eslabones que la PGR ni la Procuraduría General de Justicia del Estado quisieron acompletar para esclarecer el múltiple crimen.
“En Sinaloa exigir justicia es un delito”, me dijo del otro lado de la línea un familiar de una de las personas que fallecieron en el taller.
Ningún ministerio público interrogó a Jorge Ávalos Meza en torno a los hechos de su taller. Lo único que se vuelve a confirmar es que la PGR y la PGJE sepultaron el caso para siempre, por la simple razón de que con el culo en la mano no se puede investigar.
Por Martín Durán
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