El capitán Mauricio Camarena Delgado, director del Hangar del Gobierno de Sinaloa, se ha defendido, como dice la expresión popular, como “gato panza arriba” para librar la investigación que pesa en su contra por presuntos actos de corrupción al beneficiar a la empresa Bizjet. Diversos fallos de jueces de distrito demuestran que Camarena ha llevado una defensa legal que está a punto de zafarlo de la averiguación previa que inició la PGR en 2012, tras la denuncia que hiciera el Departamento de Estado al gobierno mexicano.
Por Martín Durán
Culiacán, Sin.-La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales ha sido incapaz de demostrar plenamente la probable responsabilidad del director del Hangar de Gobierno, Mauricio Camarena Delgado, acusado de recibir 50 mil dólares en sobornos de la empresa Bizjet, para beneficiarla con el mantenimiento del avión Falcón 20.
En marzo de 2012, la Corte de Distrito de Oklahoma condenó a Bizjet a pagar 11.8 millones de dólares de multa al aceptar que pagó sobornos a seis servidores públicos mexicanos, cuatro de ellos del servicio federal, y dos más de gobiernos estatales.
Tras esto, el Departamento de Justicia envió a la Procuraduría General de la República una nota diplomática para que investigara a los funcionarios, entre ellos el capitán Mauricio Camarena Delgado, también piloto de la aeronave Falcón 20. Bizjet había estado pagando supuestamente sobornos desde 2006 a 2009, durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla.
Sin embargo, en 2012 el gobierno de Mario López Valdez decidió defender al capitán Camarena, quien a su vez ya piloteaba el nuevo Falcon que había comprado Malova.
Investigación a pique
De acuerdo con expedientes de amparo, obtenidos en el Poder Judicial, la PGR no ha podido acreditar plenamente la probable responsabilidad del capitán Camarena, quien ha solicitado a través de su abogado cancelar la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/FECCSPF/M-II/003/2012, por considerar que no se han confirmado los delitos de enriquecimiento ilegítimo y cohecho.
“No se encuentra demostrado el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del suscrito”, señala el alegato de Camarena en el expediente 710/2014 radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo del Distrito Federal.
Según la PGR, las pruebas con las que cuenta para sostener la averiguación abierta son:
1) Cheques emitidos en favor de Camarena.
2) Documentos del Departamento de Justicia del Estados Unidos, donde los directivos de Bizjet admiten la entrega de sobornos.
3) Documentos debidamente acreditados donde los testigos señalan la probable responsabilidad del indiciado.
4) Correos electrónicos entre empleados de Bizjet en donde se ponen de acuerdo para entregar los sobornos.
Por ello, la PGR al informar que no se podía cancelar la averiguación emitió un acuerdo el pasado 10 de junio de 2014 en donde explicaba que hacían falta diligencias por realizar.
Al iniciar las indagatorias, la Fiscalía Especial intervino las cuentas bancarias de Camarena Delgado, en donde una cantidad no especificada.
En su defensa, el capitán presentó documentos con el fin de acreditar que dicho dinero no fue obtenido mediante los sobornos. En los alegatos presentados al juez detalló que el dinero de su cuenta bancaria era el de la jubilación como miembro de la Fuerza Aérea Mexicana.
Además, presentó las facturas del servicio que se le dio al avión Falcón 20 de los años 2008 y 2009 emitidas por Bizjet a favor del Gobierno de Sinaloa.
También aportó como medio de defensa el costo del servicio y el tiempo en el que se realizaron.
“Las fechas de la emisión de las facturas y de las cantidades y fecha de los cheques a nombre de Camarena no coinciden”.
Los amparos
Los alegatos presentados por la defensa del capitán han sido suficientes para echar abajo los argumentos de la PGR.
Primero porque la Fiscalía Especial no fundó y motivó su negativa a no ejercer acción penal contra el acusado, así como tampoco informó debidamente qué diligencias hacían falta dentro de la indagatoria.
Segundo porque al ser solicitados los testigos de Bizjet por la parte defensora, la PGR argumentó que no se podía debido a que estaban en el extranjero, cosa que para el juez de amparo viola el procedimiento.
“Las testimoniales deben cumplir con los requisitos de la ley”, dice.
De hecho, los testigos de Bizjet no han acudido a México a declarar (que serían las diligencias faltantes), porque la Fiscalía de Oklahoma pidió tiempo para no entorpecer el caso en los Estados Unidos. Y sobre todo porque una vez juzgado en la Corte, los testigos podían decidir si acudir a México o no.
Beneficiado por ello, la defensa de Camarena consideró que se estaban vulnerando los derechos de su cliente al iniciar la PGR la averiguación previa con una nota enviada por el Departamento de Justicia.
El abogado expuso que con los cheques que obran en la indagatoria no se acredita que los haya recibido como servidor público ya que “no existe nombramiento formal con el cargo de Director de Transporte Aéreo”.
Asimismo “dichos cheques no coinciden con los servicios de mantenimiento de las aeronaves descritas, mismos pagos que según entregaba la empresa Bizjet, con la finalidad de ser beneficiada, por lo que no se acredita su probable responsabilidad”.
También alegó que no pudo recibir soborno porque él como capitán no tiene facultades para elegir a la empresa que daba mantenimiento al avión Falcon 20, “ni tampoco tiene la calidad de especialista en aeronáutica para designar taller que realizaría dicho mantenimiento, y por lo tanto no puede beneficiar a ninguna empresa o taller”.
Al final, el juez de amparo le dio la razón a Camarena debido a que la Fiscalía no fundó y motivó su negativa a informar qué diligencias faltaban, así como por qué no podían desahogar la diligencia que pedía el abogado sobre los testigos de cargo.
Debido a ello, el 29 de diciembre de 2014 el juez resolvió dejar sin efecto la negativa de la Fiscalía, y pidió emitir un nuevo acuerdo.
Pero de nuevo la Fiscalía no cumplió con la depuración de expedientes, por lo que Camarena volvió a impugnar.
El 26 de enero de 2015 el juez exigió a la PGR subsanar los vicios formales de su negativa a aclarar por qué no cerraba el expediente.
En caso de no subsanar los vicios, el juez pidió a la PGR analizar si es procedente declinar la competencia a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, para que se haga cargo de la investigación.
El 16 de enero pasado, el Juez Tercero de Distrito también falló a favor de Camarena, para que la Fiscalía deje sin efecto el acuerdo que inmovilizó sus cuentas bancarias