La ley es muy clara, quien acusa de algo debe presentar pruebas, sin embargo “cuando el río suena agua lleva”. Esto en alusión al cuestionado caso del ex director general de CONALEP y hoy flamante diputado local plurinominal perredista, Ramón Lucas Lizárraga.
Fuentes fidedignas al interior de la referida institución juran y perjuran que desde que Lucas Lizárraga llegó a dirigir la misma, se convirtió en el cuartel general de los perredistas y en la caja chica de la corriente política del actual diputado local. O más claro, hubo de todo menos mejorar la educación. Qué lástima.
Es cierto, a Lucas Lizárraga se le concede el derecho de la duda y aunque la Auditoría Superior del Estado tiene en sus manos pruebas de los presuntos malos manejos e irregularidades administrativas y financieras en las que se dice incurrió el ahora Legislador, difícilmente se actuaría en su contra porque de comprobársele alguna irregularidad, solo le aplicarían alguna sanción por responsabilidad administrativa, o sea, no pasaría nada.
Pero algo si está claro, Lucas Lizárraga es considerado el peor director general en la historia de CONALEP, sus excesos al paso por la institución fueron del conocimiento público, por ejemplo; en declaraciones públicas Juan Pablo Yamuni, titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas manifestó un manejo irregular de los recursos destinados a CONALEP durante 2011 y 2012, dijo que las auditorías arrojaron violación a la normatividad en procesos de adquisición y desaseo en recursos etiquetados.
Otra queja es que el CONALEP fue hundido en el desorden financiero producto de un abusivo uso de la nómina donde entraron todos los amigos y colaboradores de Lucas Lizárraga, (exceptuando a uno o dos de ellos, porque no a todos se les puede medir con la misma vara), pero de ahí en fuera, válgame Dios.
Por Litos