Ciudad de México.- Un grupo de hackers identificado como Chronus encendió las alarmas en el gobierno federal al difundir más de 2.3 terabytes de información, que según la firma de ciberseguridad Silikn podría involucrar a 36.5 millones de personas y a 25 dependencias públicas, desde el SAT hasta el IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud, la SEP y algunos partidos políticos.
Los archivos liberados incluyen padrones, bases administrativas y datos personales, un mosaico de información sensible que circula en la red.
Especialistas advierten que parte de estos datos ya había sido expuesta en canales de Telegram y foros digitales, lo que hace difícil establecer el verdadero alcance del supuesto hackeo.
Desde la capital, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se apresuró a emitir un comunicado para desmentir vulneraciones directas en sus sistemas.
La dependencia asegura que la mayor parte de la información ya estaba disponible o fue obtenida de terceros, que no se detectó acceso a servidores centrales del gobierno federal, y que se activaron protocolos de seguridad para deshabilitar cuentas comprometidas. Además, reiteró que la difusión no autorizada de bases de datos es un delito que se persigue legalmente.
A pesar de estas aclaraciones, analistas en ciberseguridad advierten que incluso una filtración parcial representa un riesgo serio para la privacidad de millones de mexicanos, y evidencia la necesidad de reforzar la protección de los sistemas digitales gubernamentales.
El episodio deja, más allá de la disputa entre versión oficial y filtraciones, un mensaje claro: en un país donde la información personal es cada vez más valiosa, ningún ciudadano está completamente protegido si la seguridad digital falla.