Con el amparo otorgado por un juez federal para revertir la sentencia que lo destituía como Tesorero del Ayuntamiento de Culiacán, se entrevé que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se excedieron, mientras que se avecina otro escándalo en puerta por presuntos malos manejos administrativos.
Por Martín Durán
“Hay culebra en el agua”, decía Sergio Torres Félix en torno al pleito en que se convirtió el pago por la indemnización al ex futbolista Jaime Ruiz Dorado por daños y prejuicios debido a la cancelación de la concesión del centro deportivo.
La Sala Superior del Tribunal de los Contencioso Administrativo resolvió el 6 de noviembre de 2015 que, al no acatar la ejecución de la sentencia que obligaba a la administración de Torres Félix a pagar 21 millones de pesos a Ruiz Dorado, el tesorero Kelly García tenía que ser destituido.
Además, posteriormente el Tribunal solicitó al Congreso del Estado iniciar un juicio de procedencia en contra del presidente municipal al argumentar que se negaba a saldar la indemnización millonaria al deportista.
El caso se litigó en los medios, y llevó a otros escándalos, como el que generó la magistrada Lucila Ayala de Moreshi cuando entre los magistrados Gilberto Plata Cervantes y José Antonio Camarena Ávalos se pudieron de acuerdo para escamotearle la presidencia del Tribunal.
Ahí en medio de una sesión atropellada, Lucila Ayala exhibió a Camarena Ávalos como un tipo calenturiento que se pegaba unas encerronas con su secretaria.
No sólo eso, sino que también interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por presuntos malos manejos en los recursos para instalar los “juicios en línea”. Sin embargo, la ASE aunque admitió que existe una investigación, no ha revelado los hallazgos de las auditorías.
Destitución, otro exceso
Desde marzo pasado el Juez Primero de Distrito con sede en Culiacán concluyó en su resolución 998/2015 que la Sala Superior del Tribunal se excedió en castigar al tesorero municipal aplicando la destitución por incumplimiento de la sentencia a favor de Jimmy Ruiz.
Según el documento consultado por LA PARED, el juez federal indicó que si bien la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa contempla la destitución de un funcionario, ésta solo es aplicable ante “la abstención total de la autoridad requerida a obrar en el sentido ordenado en el fallo jurisdiccional”.
“Es decir –señala el expediente-, esa sanción no es aplicable cuando la autoridad obligada al cumplimiento de la prestación otorgada, despliega actuaciones que impliquen un principio de ejecución, o bien, un cumplimiento parcial, siempre y cuando de las circunstancias que logren apreciarse se advierta la intención de cumplir con la sentencia”.
Y es que de acuerdo con las actuaciones del amparo, desde el 19 de octubre de 2015 el tesorero y los funcionarios del Ayuntamiento analizaron la situación financiera del Municipio, y se le informó al Tribunal que en las dos partidas con las que cuenta la administración se encontraba sin fondos. Menos se contaba con una partida presupuestal para pagar.
Así, el 27 de octubre la Tesorería solicitó al Cabildo la autorización para contratar un mecanismo financiero para garantizar la indemnización a Jimmy Ruiz. Como parte de los acuerdos que se pretendían, también se pidió hasta enero de 2016 para que el Congreso presupuestara una partida para finiquitar el monto.
El 5 de noviembre el tesorero exhibió un cheque a favor de Ruiz Dorado como un pago parcial a la deuda, y en esa misma fecha el auditor de la Comuna notificó que no había solvencia presupuestal.
Fue al día siguiente cuando los magistrados del TAC aplicaron la máxima sanción de Kelly García, como una venganza contra ya el politizado alcalde municipal, como se dijo en los corrillos políticos.
Sin embargo, después de tantos dimes y diretes, el juez de amparo determinó que tanto el funcionario municipal como el Ayuntamiento realizaron diversas actuaciones administrativas para tratar de cumplir con la sentencia en donde se indemnizaba al deportista, por lo que no es aplicable la máxima sanción de destitución.
Al final en la resolución del juez federal se ordenó al Tribunal Administrativo de lo Contencioso dejar sin efecto la resolución del 6 de noviembre pasado mediante el cual se pedía la destitución del tesorero.
Pagada ya la deuda a Jimmy Ruiz, el “tribunal de los excesos” enfrentará también a las auditorías que próximamente dará a conocer la Auditoría Superior del Estado, por supuestos malos manejos administrativos.