Por Martín Durán
La historia del mayor contrato sin licitar que gestionó Gerardo Vargas Landeros como cabeza del Gabinete de Seguridad comenzó allá por 2011 a los pocos meses de que Mario López Valdez alcanzó la gubernatura. Sinaloa atravesada por otra de sus guerras en el narco y a nuestros políticos, que buscan sacar agua del pozo incluso en medio del océano, aquella vez se les ocurrió adquirir un servicio por un monto de mil 307 millones de pesos, que incluía dos helicópteros, seis vehículos blindados conocidos como “tigers” –la Sedena les llama Ocelotes y la federal “rinos”-, que entonces vendieron como las unidades que acabarían con el crimen organizado, así como el equipo de videovigilancia urbana que se instaló en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
El paquete de arrendamiento (no fue compra) no incluía un “Chuy Toño”, pero dio igual porque fue el “superpolicía” que Malova rescató de la cloaca para encabezar a la extinta Policía Ministerial del Estado (hoy Policía de Investigación); a la postre se convirtió en el Mando Único malovista. Nada se movía en materia de seguridad sin el buen visto del comandante Aguilar Íñiguez, quien falleció de Covid-19 durante la pandemia.
El contrato fue firmado con la empresa Seguritech, una de las empresas que más contratos públicos obtuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, contratos que también fueron opacos y que se fueron descubriendo con el paso de los años.
En Sinaloa desde que se hizo el contrato sin licitar con Seguritech, se buscó sepultar la información con capas de concreto armado, a La Pared Noticias le tocó pelear que los documentos se destaparan mediante recursos de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), pleito que se tuvo que ir a queja debido a que desde la Secretaría de Administración y Finanzas, con Armando Villarreal Ibarra al frente, se negaba a proporcionar.
Testigo de ello es Rossy Lizárraga, quien entonces era la directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno del Estado. Le hicimos varias visitas a su oficina para recordarle que el artículo Sexto constitucional nos amparaba para conseguir esta documentación pública.
Al final, qué chistosos, un año después nos entregaron los contratos con información clave testada. La faramalla de la transparencia, total. Alegaron que había información confidencial que los ciudadanos no podían saber.
Para no licitar el arrendamiento de los mil 300 millones de pesos en un contrato a todas luces opaco, leonino y fuera de reglamento, usaron aquella “vieja confiable”: el famoso Capítulo Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, en donde se establecen las excepciones para no someter a concurso una compra.
Se trata de 19 fracciones del artículo 51 de esta normativa. Como sería demasiado ocioso transcribir todas, expondremos la que han usado Vargas Landeros y su equipo para no licitar: “su contratación mediante licitación ponga en riesgo la seguridad pública”.
Pero además agregan el tema como la poca disponibilidad de proveedores y en el caso del equipo de seguridad en la época de Malova, también la patente de las unidades blindadas, que en realidad nunca se demostró.
Y es que no se trata solamente de decir que hay problemas de seguridad, o que la compra es urgente, y menos arrendar como en el caso del contrato con Seguritech y también de las patrullas en Ahome, cuya renta significó un monto de 172 millones de pesos, y según la Fiscalía General de Estado, tuvo un posible quebranto a las arcas municipales por 14 millones de pesos.
Vargas Landeros, como en su buena época de todopoderoso con Malova, creyó que este contrato de las patrullas sería el mismo “pan comido” que con el arrendamiento de las cámaras de vigilancia, los vehículos blindados y los helicópteros. Pensó que no habría consecuencias jurídicas por violentar disposiciones legales. Ya vio que no, pero lo más fácil es acusar un descarrilamiento porque puede competir por la gubernatura, otro sueño que duerme el sueño de los injustos de cuando él fue el siniestro secretario General de Gobierno.
Porque no se trata de decir que un arrendamiento “urge” o que “por seguridad no hay licitación”, sino que deben existir los elementos reales, el soporte documental, que justifique a) que no haya licitación b) que sea una renta a largo plazo y no una compra.
Como cierre final, cuando Malova dejó el gobierno en diciembre de 2016, no terminó de pagar a Seguritech los mil 307 millones de pesos. Salieron debiendo alrededor de 300 millones. Cuando llegó Quirino Ordaz Coppel, la administración estatal fue emplazada a juicio y la empresa de seguridad desmanteló su sistema de vigilancia en las calles de la capital y las otras ciudades, además le quitó al estado los helicópteros y los vehículos blindados. Así juegan nuestros políticos con nuestra seguridad, nunca les importó, más allá del dinero derrochado.
Hoy, claro, Vargas Landeros vive en el desamparo de ese poder que tanto derrochó de manera siniestra, repartiendo zanahorias y palos, según convenía el caso. Hoy le tocó a él el palo, pues el amparo de impunidad que gozó en su sexenio fue tal que hoy el karma está de regreso.
Golpe al orgullo
La semana pasada Gerardo Vargas Landeros creyó coronar una larga lucha madurada en la espera luego de que un juez de Distrito con residencia en el estado de Zacatecas le otorgó un supuesto amparo que ordenaba la restitución en el cargo, pero en realidad los jueces están impedidos, al menos por la vía que exploró el defenestrado alcalde de Ahome, a emitir este tipo de resoluciones.
Nada más hay que acudir en busca del artículo 61, fracción séptima de la Ley de Amparo que señala las causas de improcedencia del juicio de amparo:
Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente
VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.
El anterior párrafo tira por la borda cualquier intentona del destituido alcalde por volver al puesto, visto como trampolín en la carrera por el 2027, tan lejos de sus apetitos, tan cerca del penal de Aguaruto. Todo lo demás es ruido mediático, petardos ilusorios de una lucha descarnada por el poder en Sinaloa.
Fotos: Cortesía