Culiacán, Sin.-Cuando se abrió la puerta de la oficina del contralor interno del Congreso del Estado, José Luis Rodríguez Cárdenas, alcancé a ver sobre su escritorio un cúmulo de documentos que se asemejaba a un mamotreto, algo parecido a un expediente judicial.
Aquí terminaba, pues, la espera de más de mes y medio, creí en un principio. Por fin los 40 diputados, el auditor superior y el secretario general del Congreso habían accedido a entregar sus declaraciones patrimoniales, en versión pública, que año con año han venido presentando desde que tomaron el cargo.
El contralor, un tipo algo serio, de cara redonda, ni se inmutó al verme dejar la mochila en una mesita contigua y prepararme para recibir los documentos.
–Aquí está la información, como lo pidió la Ceaipes-me soltó.
Sonreí. En estos casos hace falta tener un poco de humor para aceptar las vicisitudes del periodismo.
Cogí el mamotrero en mis manos y le volví a sonreír:
-¿Qué hacemos? Me las llevo, me van a vender las copias o qué.
-Esto es para que lo veas aquí, te estamos dando acceso a los documentos en versión pública.
Aclaró que si quería una copia de las copias testadas de las declaraciones públicas, habría que pagar por ellas de acuerdo con la Ley.
Ni hablar, me dije. Un cálculo a vuelo de pájaro me decía que eran varios miles de pesos, tomando en cuenta que cada copia de un documento te la dan más de dos pesos.
Comencé a hojear los papeles, desde el primero, que era la declaración de Marco Antonio Fox, titular de la ASE, hasta los siguientes, donde aparecía el nombre de Javier Romero, secretario General del Congreso, y algunos diputados, como Nadia Aidee Vega Olivas.
En efecto, los documentos eran una copia del formato de declaración patrimonial de los legisladores de la XL Legislatura, que el 1 de diciembre terminan su mandato.
Como lo había establecido la Ceaipes, todos los datos patrimoniales, ingresos y egresos de los servidores públicos fueron eliminados, por ser información confidencial.
Ahí estaba yo, frente aquellas cientos de hojas que no decían nada, salvo el nombre del diputado, su cargo, fecha en que juró el cargo y fecha en que presentó su situación patrimonial.
“La Ley es dura… pero es la Ley”, recordé el viejo adagio, pues nada podía hacer por penetrar las oscuridades del patrimonio de los hombres que por tres años se fueron a sentar a un curul y devengar un sueldo de más de 130 mil pesos mensuales. Nada. Mientras no se modifique la Ley de Acceso o la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las situaciones patrimoniales seguirán quedando a discreción de la persona.
En los pasillos del Congreso circuló la información, tras que el diario Noroeste retomara el tema con fuerza, que algunos de los diputados estuvieron haciendo llamadas a la oficina del contralor para impedir que cualquier dato discreto se colara al momento de dar una respuesta.
A la diputada Rosa Elena Millán Bueno, presidenta de la Junta de Coordinación Política, el tema el causó escozor. Aunque ante los reporteros dijo que ella no tenían ningún inconveniente para hacer pública la información, como todos le importó un bledo.
Tampoco a la diputada Nadia Aidee Vega Olivas el tema cayó en gracia. Cuando la Ceaipes resolvió que los diputados, si querían, tendrían que entregar la versión pública de los documentos, Ignacio Nieblas Aispuro, líder del PAN de Culiacán, en un intento de “colgarse” del tema se comprometió a sentar a los legisladores panistas a su mesa para abrir sus bienes.
–Yo sé que la bancada panista no le teme, y me comprometo a que ellos hagan pública esta información -soltó “Nacho” Nieblas.
Pero se topó con pared. La líder de la bancada del PAN, Vega Olivas, ni siquiera recibió a su personal. Le mandó decir con alguien que “tenía entendido” que por seguridad no se daba a conocer la información. Y lo condicionó: “Si los 40 diputados lo hacen, la bancada del PAN lo hará público, si no, no”.
Fin del tema.
Los únicos diputados que externaron en redes sociales no tener ningún inconveniente de hacer público los bienes patrimoniales que tenían fueron los priistas Francisco Vega Meza, Miguel Calderón Quevedo y Mario Valenzuela López.
Pero lo que imperó en realidad en el Congreso fue respetar a pie juntillas la Ley de Acceso y el mandato del órgano de transparencia. De lo otro, de que esta información puede difundirse si el servidor público quiere, nadie dijo nada. Y porque la mayoría no quiso.
De vuelta con el contralor, cansado de simular una revisión patrimonial inexistente, le solté:
-¿Puedo tomarles fotos a los documentos? -le pregunté a Rodríguez Cárdenas, el carirredonda contralor, que con seriedad me veía desde el otro lado del escritorio, mientras auscultaba los papeles que me había puesto.
-No, es que vienen los nombres -me dijo.
–Pues si los nombres son públicos.
Le insistí en que sería una fotografía de la torre de papeles. Casi forzado aceptó y se quitó del camino de la lente, para no salir retratado. Saqué la camarita del celular, y disparé en dos ocasiones. Ahí quedó la imagen congelada, con la amarga certeza de que la actitud demócrata de los legisladores no es más que una vaga ilusión de campaña. Podría decir que fue una burla el asunto de las declaraciones… Pero prefiero no decirlo.
Cronología de un acceso imposible:
11 de septiembre La Pared solicita vía Infomex las declaraciones patrimoniales de los 40 diputados, del auditor superior y del secretario general del Congreso.
13 de septiembre del órgano de Control Interno, cuyo titular es José Luis Rodríguez Cárdenas, respondió que era información “confidencial en los términos de la Ley de Acceso”.
8 de octubre el Pleno de la Ceaipes ordena la entrega de versiones públicas, siempre y cuando los servidores públicos lo autorizaran.
23 de octubre, el Órgano de Control Interno envía un oficio a este medio señalando que se daría acceso a los documentos, con los datos personales eliminados.
30 de octubre, son mostrados los documentos, pero sólo para consulta en la oficina del contralor, con renuencia para tomar fotos y ofreciendo una copia que podría alcanzar varios miles de pesos por todo el paquete.
Martín Durán/La Pared