Breve Intervalo
(Columna)
Por Rafael Báez
De nueva cuenta el luchador social de Los Mochis, Guillermo Padilla Montiel, quién se ostenta como Presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, presentó una nueva queja formal administrativa ante la Auditoría Superior del Estado y del Congreso Local, en contra del Presidente de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno; de la Tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, así como de Juan Francisco Fierro Gaxiola, Secretario de la comuna y del Gerente General de la Junta de Agua Potable, Guillermo Aarón Blake Serrano, para que se les asignen las amonestaciones pertinentes cometidas por ellos en sus respectivos cargos y respondan por la vía penal.
Lo anterior debido a su actuar, no con es congruente con el lineamiento establecido por el gobierno federal, dijo, exigiendo sus intervenciones para restituir la legalidad en el municipio de Ahome, ya que el Congreso estatal ha trastocado el principio de imparcialidad favoreciendo al Alcalde en comento, menoscabando el interés general, debido a que se resiste a reprender públicamente a Billy Chapman, acusado por actuar en contra de los principios de eficiencia, honradez, imparcialidad, lealtad y legalidad.
Que se someta a todos los funcionarios públicos municipales a evaluaciones, revisiones o exámenes médicos, toxicológicos, psicométricos, de habilidades y de conocimientos que determine la Auditoría.
Expresó que es muy lamentable que los diputados no le dieran la debida importancia a la violencia de género en contra de la Síndico Procuradora, Angélica Valenzuela Benítez, por amenazas, ya que en la anterior ocasión rechazaron la solicitud de “juicio político” en contra del autor de las mismas, Billy Chapman, siendo la bancada morenista quien “se lavó las manos haciéndose los disimulados ante este grave y penoso asunto”.
Argumentó que afortunadamente a este grupo de diputados no les valió su actitud debido a que el Tribunal Estatal Electoral falló a favor de la Síndico Procuradora, exigiendo al Presidente Municipal, regidores y funcionarios involucrados, que le otorguen una disculpa pública a la afectada, así como imponer la inhabilitación a cada uno de los infractores y a quien lo merezca le apliquen la vía penal.