La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados emitió opinión positiva al proyecto de decreto de adición a la Ley General de Salud en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva, para permitir a las mujeres de todo el país ejercer ese derecho cuando se cumplan doce semanas de gestación. El documento fue elaborado por la Comisión de Salud, la cual lo propuso a la Comisión de Igualdad y Género.
Dicha comisión se pronunció por garantizar los derechos sexuales y reproductivos y pugnar por una libertad de conciencia y que las instituciones de salud realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten: “Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales”, refirió la presidenta de ese grupo de trabajo, Wendy Briceño.
La adición a la Ley General de Salud contiene modificaciones para que las instituciones de salud cuenten con personal no objetor de conciencia para llevar a cabo este procedimiento, el cual deberá ser hasta las doce semanas de gestación.
Y quienes soliciten la interrupción del embarazo se les otorgue consejería médica y social con información veraz y oportuna. Una salvedad también se anota en los artículos transitorios de la ley al establecerse que se derogan todas las disposiciones que se opongan al decreto una vez entrado en vigor.
En el encuentro, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez (Morena) abundó en torno a los perjuicios sociales del aborto clandestino, pues continúa causando una de cada 13 muertes maternas; no obstante, en la Ciudad de México después de su legalización no ha reportado ninguna defunción a casa de este procedimiento.
A decir de la legisladora, las persistentes restricciones legales en el país ponen en riesgo a las mujeres y los profesionales de la salud al ser criminalizados y perseguidos penalmente, por lo que es ineludible tomar una visión de progresividad en la defensa de los derechos humanos de quienes optan por realzar la interrupción del embarazo.
La oposición a esa postura provino de Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), quien reitero que el primer derecho a la persona es la vida y, por tanto, se debe trabajar y legislar en la prevención del embarazo adolescente y los no deseados; a través de la impartición de educación sexual, paternidades responsables y mejorar los procesos de adopción.
Por el partido Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala también reprochó el contenido del proyecto de dictamen porque todo individuo tiene derecho a la vida y “el aborto es la muerte de un ser vivo y constituye la intención de acabar con una vida humana.”
La sesión del grupo de trabajo osciló entre los argumentos a favor y en contra por tanto la diputada morenista Sandra Paola González Castañeda adujo que en un país –como México- donde el embarazo infantil ocupa el primer lugar en el mundo, es urgente realizar una política pública que brinde esta atención médica.
A ello se sumó Cynthia López (PRI) porque es urgente atenderlo, una vez que miles de mujeres han solicitado su legalización y con ello evitar los abortos clandestinos, los cuales se realizan en lugares sin higiene y control sanitario.
No obstante, del lado panista Sylvia Violeta Garfias replicó que con esta reforma se atiende la consecuencia no las causas, porque una verdadera política pública no busca dar respuesta paliativa. “No se trata de un tema moralista, sino de derechos manos”.
Con información de La Jornada.